En su alegato ante el TOPE N°1, el fiscal Marcelo Agüero Vera y la auxiliar fiscal Jennifer Maleh además solicitaron la pena de 2 años de prisión en suspenso para cuatro funcionarios de la Dirección General de Aduanas. En el caso se abordó el ingreso al país de casi 800 mil dólares en la valija de un empresario venezolano, que permanece prófugo, en un vuelo arribado el 4 de agosto de 2007. El debate continuará el próximo 23 de agosto con el alegato de la defensa de Uberti.
El fiscal general Marcelo Agüero Vera, a cargo de la Fiscalía General N°1 ante los Tribunales Orales en lo Penal Económico, y la fiscal auxiliar Jennifer Maleh solicitaron ayer las penas de 5 años de prisión para el extitular del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación, Julio Miguel De Vido, y de 4 años y 10 meses de prisión para el extitular del Órgano de Control de Concesiones Viales (OCCOVI) Claudio Uberti como coautores del delito de tentativa de contrabando de importación de divisas, agravado por haber intervenido más de tres o más personas y por tratarse los imputados de funcionarios públicos, por haber permitido el ingreso de 790.550 dólares, que llevaba consigo en un maletín el empresario venezolano Guido Alejandro Antonini Wilson cuando arribó al país en la madrugada del 4 de agosto de 2007.
El y la representante del Ministerio Público Fiscal requirieron también que al momento de la sentencia se imponga a De Vido y Uberti 3 y 2 años de inhabilitación especial para el ejercicio del comercio, respectivamente, y la inhabilitación absoluta para ejercer cargos públicos por el doble tiempo de la condena.
Por otro lado, el fiscal Agüero Vera y la auxiliar fiscal Maleh solicitaron para las y los funcionarios de la Dirección General de Aduanas (AFIP-DGA) Rosa Nélida García, Guillermo David Lucángeli, María Cristina Gallini y Jorge Lamastra las penas de 2 años de prisión de cumplimiento en suspenso por considerarlos encubridores del delito de tentativa de contrabando de importación de divisas agravado por tratarse de funcionarios públicos. Solicitaron también para este grupo de acusadas y acusados la imposición de 1 año de inhabilitación especial para el ejercicio del comercio y la inhabilitación especial perpetua para desempeñarse como funcionario o empleado aduanero, miembro de la policía auxiliar aduanera o de las fuerzas de seguridad, despachante de aduana, agente de transporte aduanero o proveedor de a bordo de cualquier medio de transporte internacional y como apoderado o dependiente de cualquiera de estos tres últimos.
Respecto al extitular de la Aduana al momento de los hechos, Ricardo Echegaray, quien llegó al debate acusado por encubrimiento, el y la representantes del Ministerio Público Fiscal indicaron que no había elementos para sostener la acusación: “La carencia de pruebas sobre Echegaray no permiten arribar a una condena”, indicaron.
En su alegato ante los Tribunales Orales en lo Penal Económico N°1 -integrado por los jueces Diego García Berro, Ignacio Fornari y Luis Losada- los representantes del Ministerio Público Fiscal tuvieron por probado que las personas acusadas permitieron y encubrieron, de acuerdo a las funciones que ostentaban y a su grado de participación en los hechos, el ingreso de los dólares que transportada Antonini Wilson -quien permanece prófugo- durante su arribo al país en un vuelo proveniente de la República Bolivariana de Venezuela contratado por la empresa con participación estatal Energía Argentina S.A. (ENARSA), tal como lo señalara el fiscal Pablo Turano en su requerimiento de elevación a juicio.
En tal sentido, el fiscal Agüero Vera señaló que está probado que el empresario venezolano intentó ingresar al país una valija con casi 800 mil dólares “a pedido de Uberti” y “por orden y disposición de De Vido”.
Respecto a la acusación del delito de lavado de activos que pesaba sobre los funcionarios, los fiscales Agüero Vega y Maleh consideraron que no se pudieron acreditar las conductas típicas y por lo tanto no acusaron por esa conducta a ninguno de los imputados. “No pudo ser probado con certeza absoluta que el dinero tuviera origen ilícito ni que el mismo resultara espurio”. Pero afirmaron que «salió de las arcas de PDVSA», la petrolera estatal venezolana.
El fiscal Agüero Vera señaló que está probado que el empresario venezolano intentó ingresar al país una valija con casi 800 mil dólares “a pedido de Uberti” y “por orden y disposición de De Vido”.
En las palabras finales, Agüero Vega sostuvo que fue muy difícil para el MPF llegar a esta instancia luego de 16 años. En esa línea, destacó que muchos elementos no pudieron ser comprobados, tales como escuchar a todas las personas que viajaron en aquel vuelo y que solo habían declarado en la etapa de instrucción. El fiscal agregó que no le pareció serio «basarse en los dichos de Antonini Wilson -en la causa en la que declaró en Estados Unidos-, dado que se encuentra en rebeldía en Argentina».
En cuanto a las divisas secuestradas, desde la fiscalía precisaron que en la etapa de instrucción se dispuso el decomiso anticipado y que el 3 de octubre de 2018 se inauguró con los fondos incautados un espacio de primera infancia en Villa Bonita, Campo Ramón, localidad de Oberá, en la provincia de Misiones.
En el final de la audiencia de ayer, el tribunal informó que el debate continuará el 23 de agosto, con el alegato de la defensa de Uberti.
El caso
De acuerdo con los hechos abordados en el debate, en la madrugada del 4 de agosto de 2007 un vuelo privado de la firma Royal Class, que había sido contratado por ENARSA y que provenía de la ciudad venezolana de Maiquetía, arribó a la terminal Sur del Aeroparque Jorge Newbery de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En el vuelo viajaban Uberti, Victoria Carolina Bereziuk -secretaria privada del ex titular del OCCOVI-, Exequiel Omar Espinosa -por entonces presidente de ENARSA- y los ciudadanos venezolanos Guido Alejandro Antonini Wilson, Daniel David Uzcátegui Spetch, Ruth Behrends Ramírez, Nelly Cardozo Sánchez y Wilfredo Ávila Drie, quienes estaban vinculados a la petrolera venezolana PDVSA.
Al arribar los pasajeros, personal de la DGA y de la Policía de Seguridad Aeroportuaria procedieron a controlar el equipaje de mano. Tras pasar uno de los maletines por el escáner, la oficial de la PSA María del Luján Telpuk advirtió -en el interior de uno de los maletines, que pertenecía a Antonini Wilson- la presencia de paquetes rectangulares. Según Antonini Wilson, se trataba de libros y “papelitos”, pero luego se constató que eran 790.550 dólares.
La DGA -sin dar aviso al Poder Judicial, como ocurre en otros casos- asumió la dirección del procedimiento, encabezado por la responsable de Control Aduanero de la Oficina Aeroparque Jorge Newbery de la A.F.I.P.-D.G.A., María Cristina Gallini, el jefe de División de Fiscalización y Operativa Aduanera de la División Aeroparque de la AFIP-DGA, Guillermo David Lucángeli, y la directora de Fiscalización y Operativa Aduanera de la Dirección Aduana de Ezeiza -de la cual depende la aduana del aeroparque metropolitano-, Rosa Nélida García. De acuerdo con la acusación, el hecho se habría informado al entonces titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, quien habría ordenado cómo proceder.
Días después, Antonini Wilson dejó el país y viajó a la ciudad estadounidense de Miami. Desde entonces, el Poder Judicial reclamó su extradición, sin éxito.