El Tribunal Oral Federal de esa ciudad lleva adelante el proceso en el que además se juzga a otros 10 integrantes de la organización, por introducir en el mercado formal bienes y dinero originados en la producción y comercialización de estupefacientes. El debate continuará el 9 de agosto próximo.
El Tribunal Oral en lo Criminal N°1 Federal de Rosario -integrado por los jueces Ricardo Vázquez, Otmar Paulucci y Germán Sutter Schneider- comenzó el viernes pasado, el juicio oral seguido contra Delfín David Zacarías y otras 10 personas, en orden al delito de lavado de activos agravado. En representación del Ministerio Público Fiscal intervino el fiscal general Federico Reynares Solari.
Al debate llegan imputados Zacarías, su esposa Sandra Inés Marín y sus hijos Joel Abel y Flavia Leilen Zacarías. Ellos, junto a sus hermanos Gloria Amanda Ruth y Jorge Roberto Zacarías, Néstor Fabián Fernández, Edgardo Martín Radovani, su cuñado Fernando Ermacora, Andrea Belén Altamirano, Gonzalo Román Jaime están acusados de integrar una organización criminal dedicada a introducir en el mercado legal las ganancias obtenidas por la producción y comercialización de estupefacientes.
El debate se reanudará el miércoles 9 de agosto próximo, con la declaración de algunos testigos.
El caso
La causa que llegó a juicio es un desprendimiento de otra de 2018 en la que Zacarías resultó condenado a 16 años de prisión como organizador de tráfico de estupefacientes, junto a su esposa a quien se le impuso una pena de 14 años. Por su parte, sus hijos Flavia y Joel recibieron una pena de 7 años de prisión, junto a otros integrantes de la organización.
La investigación recayó en la Fiscalía Federal N°2 de Rosario, a cargo de Claudio Kishimoto, quien le solicitó al juez una serie de allanamientos. Así, en uno de los domicilios ubicado en la localidad de Timbúes, se detuvo a Jorge Zacarías, a quien se le secuestró una notebook. El peritaje efectuado sobre el dispositivo reveló datos de relevancia respecto de operaciones de compraventa de bienes inmuebles, que constituirían maniobras de lavado de activos de origen delictivo.
Posteriormente, se requirió el levantamiento del secreto bancario y fiscal y, a través de diversas medidas solicitadas por la fiscalía, se logró determinó la existencia de activos por un monto aproximado de $600.000.000. Entre dichos bienes se cuentan más de 70 automóviles, 32 cocheras en pleno microcentro rosarino, más de 45 terrenos comercializados por la Corporación “Tierra de Sueños” y un Polideportivo que Zacarías estaba construyendo en la localidad de Granadero Baigorria.
De acuerdo con el requerimiento de elevación a juicio formulado por el fiscal federal Claudio Kishimoto junto al auxiliar fiscal Franco Benetti los acusados disimularon y administraron “una gran cantidad de activos, que sólo puede justificarse a merced de su vinculación con diversos delitos precedentes”, como ser la producción y comercialización de estupefacientes. Así, introdujeron en el mercado, bienes de origen ilícito para dotarlos de legalidad.
Para la fiscalía, también resultó evidente que las personas imputadas actuaron con habitualidad y destacaron que las maniobras fueron llevadas a cabo por un grupo de personas organizadas en una asociación o banda dedicada a cometer estos delitos.
En virtud de ello, los representantes del Ministerio Público Fiscal pidieron que las 11 personas fueran a juicio oral como coautores del delito de lavado de activos agravado por haber sido cometido con habitualidad y como miembros de una asociación o banda formada para la comisión de hechos de esa naturaleza.