Por primera vez se abordarán en juicio los delitos contra las personas secuestradas en los cuerpos de Infantería y Caballería de la Policía bonaerense y en la Comisaría 8va de esa ciudad. El primero de ellos funcionó desde las primeras horas del golpe de Estado y fue el ingreso al sistema clandestino; en el segundo el Estado preparó la libertad de prisioneros y prisioneras que estaban desaparecidas. En ambos lugares estuvieron personas que desaparecieron o fueron asesinadas con posterioridad.
Dieciocho acusados, el funcionamiento de dos centros clandestinos de detención, tortura y exterminio (CCDTYE) y los crímenes perpetrados contra 299 víctimas durante la época del terrorismo de Estado forman parte del objeto procesal del juicio oral y público que comenzó hoy ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de La Plata.
Por primera vez, llegan a debate los crímenes de lesa humanidad cometidos en los centros clandestinos de detención que funcionaron en las instalaciones de los cuerpos de Infantería y Caballería de la Policía bonaerense en La Plata, situados en edificios ubicados en la intersección de las avenidas 1 y 60, y en la Comisaría 8va de esa ciudad, en la esquina de 7 y 74.
1 y 60
Dentro del esquema represivo ilegal desplegado en la capital bonaerense, los cuerpos policiales de 1 y 60 tuvieron como característica saliente el hecho de haber iniciado su funcionamiento como centro clandestino de detención al mismo tiempo en que las fuerzas armadas ejecutaban el golpe de Estado en la madrugada del 24 de marzo de 1976.
De acuerdo con los testimonios de sobrevivientes consignados en las acusaciones, las víctimas fueron confinadas en cuadras y galpones. La mayoría fueron trabajadores y delegados sindicales de empresas de la zona secuestrados desde el momento inicial de la dictadura.
A lo largo de 1976, esas instalaciones funcionaron como ingreso al sistema represivo ilegal y como centro de tortura, para lo cual dependía del Regimiento de Infantería 7 del Ejército. La fiscalía llevó a juicio los casos de 193 víctimas que pasaron por esos lugares.
Durante la investigación de los crímenes en 1 y 60,fueron hallados en el archivo de la exDirección de Inteligencia de la Policía bonaerense (DIPBA) documentos sobre las víctimas labrados por el personal policial. Al confirmar el procesamiento de buena parte de los acusados, la Sala III de la Cámara Federal platense describió lo encontrado: «Las fichas confeccionadas, que en algunos casos incluían las huellas del detenido, permitían determinar fehacientemente su identidad y sus antecedentes -particularmente, aquellos vinculados con su actuación política y gremial-. A su vez, por medio de interrogatorios -efectuados en forma de declaración espontánea- los responsables del cautiverio ahondaban en la formación de la víctima, en su actividad gremial y política dentro del lugar donde se desempeñaba laboralmente y, especialmente, buscaban identificar a otras personas que cumplieran con el perfil que había delineado la cúpula del Poder Ejecutivo Nacional».
A lo largo de 1976, las instalaciones de 1 y 60 funcionaron como ingreso al sistema represivo ilegal y como centro de tortura, para lo cual dependían del Regimiento de Infantería 7 del Ejército. La fiscalía llevó a juicio los casos de 193 víctimas que pasaron por allí.
La Comisaría 8va
De acuerdo con las acusaciones, mientras 1 y 60 funcionó como ingreso al sistema represivo clandestino, la comisaría 8va de La Plata tuvo como «particularidad» haber sido «un paso intermedio entre la total clandestinidad de la que la mayoría de los detenidos provenían [de otros CCDTyE], al blanqueo que se daba al poner a disposición del Poder Ejecutivo Nacional a las personas y remitirlas a unidades penitenciarias o liberarlas (con excepción de quienes fueron asesinados). En ese contexto los detenidos eran anotados en los libros de la Comisaría que también eran usados para anotar a detenidos comunes que estaban a disposición de jueces en el marco de causas judiciales», precisó la fiscalía en el requerimiento de elevación a juicio. Los presos y presas políticas aparecían consignadas en los libros policiales -que forman parte de la prueba documental- «a disposición del Área 113», nombre del ámbito territorial con el que el Ejército designaba a esa región del país. La fiscalía contabilizó 106 casos de personas que pasaron por la Comisaría 8va.
La mayoría de las personas que pasaron por los dos CCDTYE abordados en este juicio sobrevivieron. La excepciones fueron las desapariciones/homicidios de Ana Teresa Diego, María del Rosario Portela, Gladis Mabel Amuchástegui, Mario Salerno, Jesús María Plaza y Edgardo José Cardinali, quienes estuvieron ilegalmente privados de su libertad previamente en 1 y 60, y de Elena Arce, Nora Formiga y Margarita Delgado, Jorge Caravelos, Lucía Mirta Swica, Hector Baratti, Humberto Fraccaroli, Eduardo Bonin y Ramón Cascallares, quienes habían estado confinados en la Comisaría 8va.
En la Comisaría 8va las personas detenidas eran registradas en los libros que eran usados para anotar a quienes estaban a disposición de jueces en el marco de causas judiciales. Los y las prisioneras políticas estaban «a disposición del Área 113».
El debate
El juicio, a cargo de la jueza subrogante Karina Mabel Yabor (presidenta) y los también subrogantes Andrés Fabián Basso y Ricardo Basílico (con la actuación como cuarta magistrada o jueza sustituta de Silvina Mayorga), es el resultado de la acumulación de cuatro causas: dos correspondientes a los hechos de 1 y 60 y otros dos a los de la seccional 8va. Se trata de investigaciones que tramitaron por separado en la fase de instrucción y cuya acumulación en la fase de juicio fue propiciada por la Unidad Fiscal Federal de La Plata que interviene en los procesos por crímenes de lesa humanidad y conexos. Esa oficina está compuesta para este proceso por los fiscales generales Hernán Schapiro y Gonzalo Miranda, la auxiliar fiscal Ana Oberlin y el auxiliar fiscal Juan Martín Nogueira.
Los acusados son ocho exmilitares del Regimiento de Infantería 7 y tres del Destacamento de Inteligencia 101, un exintegrante de la Policía Federal, cuatro expolicías bonaerenses y dos civiles:
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Por el Regimiento 7, los exoficiales de Inteligencia Jorge Alberto Crinigan y Luis Gustavo Diedrichs, los exoficiales de Operaciones Ismael Ramón Verón y Lucio Carlos Ramírez, elexjefe de la Compañía A Lucas Marcelo Castro, los exoficiales de Personal Enrique Francisco Welsh y Rubén Vicente Sánchez, y el exoficial de Logística Enrique Armando Cicciari;
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El excabo primero de la Policía Federal Carlos Hugo Leguizamón;
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Los expolicías bonaerenses Claudio Rubén Mejías, Tomás D’ottavio y Raúl Ricardo Monzón, quienes se desempeñaron como oficiales en las instalaciones de 1 y 60, y Juan Antonio Vidal, exjefe del denominado Grupo Cóndor;
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Los exoficiales del Destacamento 101 de Inteligencia del Ejército Carlos María Romero Pavón, Roberto Armando Balmaceda y Jorge Héctor Di Pasquale;
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Y los civiles Carlos Ernesto Castillo, integrante de la Concentración Nacional Universitaria, y el abogado Jaime Lamont Smart, quien fue el ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires a la época de los hechos.
Quince acusados están detenidos en prisión domiciliaria y tres están privados de su libertad en la Unidad 34 del Servicio Penitenciario Federal: Sánchez, Di Pasquale y Castillo.
La fiscalía informó que, en función de lo resuelto en la audiencia preliminar celebrada el 11 de abril pasado, las audiencias se realizarán los jueves mediante un sistema semipresencial. Cada parte elegirá la modalidad que desea adoptar, que será presencial o telemática, a través de la plataforma Zoom.
La cantidad de testigos ofrecidos por las partes y admitidos por el tribunal es de 374. La fiscalía informó que, sin embargo, de ese listado al menos 100 habrían fallecido y resta aún saber si entre las personas restantes hay alguna que no se encuentre en condiciones de declarar.
Desde la formulación de los requerimientos de elevación a juicio han fallecido los siguientes imputados: Héctor Reynaldo Amuchástegui, Gustavo Adolfo Cacivio, Ricardo Armando Fernández, Emilio Alberto Herrero Anzorena, Anselmo Pedro Palavezzati, Roberto Arturo Gigli, José Luis Benítez, José Clemente Forastiero, Adalberto Oscar Rincón, Alberto José Pulvermacher, Raúl Guillermo Pascual Muñoz, Carlos del Señor Hialgo Garzón y Rubén Rodolfo Sabich. Además, se ha suspendido el proceso respecto de Miguel Ángel Amigo, Oscar Antonio Gómez Mígenes y Juan Rafael Pochelú por incapacidad sobreviniente.
El juicio se desarrolla en la sala de audiencias del primer piso de los tribunales federales de La Plata, situados en 8 y 50, y es transmitido por los canales de Youtube del Poder Judicial de la Nación, de La Retaguardia y de la Comisión Provincial por la Memoria.