Por la cláusula gatillo, el Gobierno Bonaerense deberá pagar diferencias salariales de 3,3%

El Gobierno bonaerense deberá abonar a un sector de los trabajadores del Estado una diferencia salarial de más de 3 puntos a raíz de la ejecución de la «cláusula gatillo», un mecanismo por el cual la Provincia se comprometió a cubrir la diferencia entre la paritaria de 2017 y la inflación oficial.

El incremento salarial, que se cobrará con los sueldos correspondientes a enero y luego se incorporará al básico de forma permanente, será del 3,3% para los docentes, empleados judiciales y profesionales de la salud, que en sus diferentes paritarias cerraron un acuerdo salarial del 21,5% anual. En tanto, los empleados de la administración, que en diciembre de 2016 aceptaron un esquema de incrementos con actualización trimestral, el saldo favorable será del 1,5%.

Como viene informando DIB, este porcentaje surge de la confrontación de los acuerdos salariales que el Gobierno cerró con los diferentes gremios y el dato de la inflación anual, que según difundió esta semana el INDEC fue del 24,8%.

En este caso, la Provincia resultó «víctima» de la subestimación oficial de la inflación: para 2017, el Gobierno nacional había previsto una inflación del 17%, un 7,8% menos de la cifra final medida por el Indec.

Según publicó hoy Diario Extra que edita agencia DIB, con esos datos preliminares, la administración de María Eugenia Vidal logró cerrar un aumento del 18% para los empleados estatales, siempre bajo el compromiso de la actualización automática. Sin embargo, con el resto de los sectores las negociaciones se fueron estirando, y los números fueron superiores, toda vez que las previsiones inflacionarias se fueron «corrigiendo» a lo largo del año.

 

Sector por sector

En el caso de los trabajadores estatales enrolados en el régimen de la Ley 10.430 (administración central), el esquema resulta más sencillo. Al ser los primeros en acordar, cerraron un incremento trimestral del 4,5%. En caso de que la inflación en ese período superara esa cifra, el Gobierno se comprometió a actualizar sus salarios en el mes siguiente.

De este modo, los estatales cobraron un sobreaumento del 1,7% en abril (la inflación del primer trimestre fue de 6,2%, la más alta de todo el período); 0,6% en julio (correspondiente al segundo trimestre) y 0,5% en octubre (tercer trimestre). Ahora, como la inflación del último trimestre del año fue del 6%, deberán percibir un 1,5% más.

En el caso de los docentes, el esquema resultó más complejo: luego de un comienzo de año conflictivo (se registró un «récord» de 17 paros en la primera parte del año), acordaron hacia agosto un esquema de aumentos diferentes, que los llevó a completar, en septiembre, un incremento del 21,5%. Como por entonces la inflación no superó ese número, los maestros debieron esperar hasta fin de año para cobrar una actualización, que en este caso será del 3,3%. Esta diferencia rondará los 400 pesos para un maestro de grado que recién se inicia, por lo que el salario testigo pasará a ser de 12.550 pesos (hoy es de 12.150 pesos).

Lo mismo ocurrió con los trabajadores de la Justicia y los profesionales de la salud, quienes cerraron sus paritarias luego de los docentes, con un esquema similar. A ellos también les corresponderá en febrero una actualización del 3,3%.

Por ello, desde la Asociación Judicial Bonaerense (AJB) realizaron una presentación ante el Ministerio de Economía, exigiendo la «inmediata reliquidación de los haberes de diciembre de 2017».

El gremio que conduce Pablo Abramovich solicitó a Economía que «envíe los instructivos a la Suprema Corte, Procuración General e Instituto de Previsión Social para que se adecuen los salarios básicos del mes de diciembre 2017 y segunda cuota del aguinaldo a los nuevos valores vigentes por aplicación de la cláusula gatillo, para lo cual se deberán practicar nuevas liquidaciones para los períodos mencionados».

 

Analizan la continuidad del «gatillo»

En tanto, desde el Gobierno bonaerense analizan la posibilidad de no reeditar este año la cláusula gatillo. Si bien desde el Ejecutivo destacaron en varias oportunidades la efectividad de este método (que a su vez también fue elogiado por una parte del sindicalismo estatal) la decisión iría en línea de la idea del Gobierno nacional de que este tipo de medidas tienden a alentar las expectativas inflacionarias.

Por otro lado, en Gobernación analizan por éstas horas cuál será el porcentaje de aumento que se ofrecerá a los gremios, en sintonía con el cambio de las proyecciones inflacionarias por parte de Nación: en principio, la Provincia pretendía ofrecer aumentos de entre un 10 y un 12% anual, pero el reconocimiento de que el incremento de precios será mayor complicó ese plan.

Los gremios, por su parte, ubican sus propias proyecciones inflacionarias cerca del 20%, por lo que una paritaria «cerrada», sin gatillo, podría resultar una complicación extra si el Gobierno pretende ajustarse al 15% oficial.

Este escenario habría sido analizado ayer por la Gobernadora María Eugenia Vidal en su encuentro con el presidente Mauricio Macri en Villa La Angostura. La mandataria bonaerense fue acompañada (entre otros) por los ministros de Economía, Hernán Lacunza, y de Trabajo, Marcelo Villegas, lo que daría un indicio del tenor del encuentro.

El año pasado Vidal hizo «punta» al cerrar la paritaria de estatales en un 18% con actualizaciones trimestrales y cláusula gatillo. Este fue el primer acuerdo de ese calibre, que luego fue imitado por otros sectores: de ahí la importancia de la próxima paritaria. (DIB)