La investigación, que comenzó el FBI tras la detección de amenazas relacionadas con presuntos atentados y tiroteos masivos, estableció que los mensajes intimidantes publicados en la red social 4Chan provenían de ese domicilio, por eso el Juzgado Federal ordenó el procedimiento.
“Todos sorprendidos, la verdad es que no conozco los motivos de la detención, más que lo que se dijo en los medios, pero es un vecino, hijo de un vecino, un hombre que tiene un taller”, contó Nouet.
“No sé lo que hay en la causa, pero jamás se podría sospechar eso. No sé qué grado de implicancia podrá tener, pero tal vez se metió donde no tenía que meterse y hablar algo con gente con la que no tenía que hacerlo, digo como una mera apreciación, desconozco la causa”, analizó.
Fernando Nouet y otros vecinos fueron consultados respecto de qué concepto tenían del muchacho detenido. “Era un vecino común que nunca tuvo problemas con nadie”, dijo el abogado, sorprendido por lo ocurrido.
“La verdad es que nos sorprendió a todos, sobre todo por lo que se leyó después, por la magnitud del procedimiento”, señaló el referente del Partido Socialista Popular en San Pedro.
“Esperemos que sea una investigación por un delito concreto, de alguien implicado que estaba organizando algo, que semejante despliegue sea para investigar algo que realmente es peligroso, porque habiendo visto todo el procedimiento, si esto es una pavada, la verdad es que es un malgasto de recursos terrible, pero bueno no me quiero adelantar”, analizó.
Nouet reflexionó que “estamos todos controlados con las redes” y que lo ocurrido también puede ser un llamado de atención respecto del uso que dan los jóvenes a la internet. “Dónde ingresan, con quién se conectan y qué hablan, porque se ve que no es tan libre todo”, dijo.
“Por eso hay que reflexionar hasta dónde la libertad de cada uno entra en juego con cuestiones de seguridad que investigan organismos de vaya a saber dónde”, finalizó.
El joven detenido fue puesto a disposición del Juzgado Federal de San Nicolás que conduce el juez Carlos Villafuerte Ruzo, acusado del delito de “intimidación pública”, que prevé penas de entre dos y seis años para quien infunda un temor público o amenace con la comisión de un delito de peligro común.(crédito Semanario La Opinión)