Para la Comisión Provincial de la Memoria (CPM), que se presentó como particular damnificado, las personas alojadas allí estaban “en condiciones de detención y régimen de vida que se constituyen en graves violaciones de derechos humanos”.
Basados en relatos de los internos, los usuarios “estaban sobre medicados con un coctel de psicofármacos que pudo dificultar la respuesta, todas las ventanas tenían rejas, no había ningún matafuego ni salidas de emergencias. La comunidad estaba sobrepoblada, tenía denuncias previas por estos hechos y el fallecimiento de un joven el año pasado que no se investigaron”.
Desde el organismo marcaron, además, que 18 de los 24 usuarios estaban alojados en tres habitaciones, el resto en camas o colchones tirados en el suelo del living; la mayoría de las personas permanecían recluidas más de 23 horas en las habitaciones.
La oposición pide respuestas en la Legislatura
El dramático caso llegó a la Legislatura bonaerense a través de la diputada radical María Alejandra Lordén, quien calificó el episodio como “un horror” y exigió al Gobierno de la Provincia que se ocupe del campo de la salud mental.
“Siguen subestimando una situación gravísima. Presentamos proyectos, ofrecemos ayuda, solicitamos apoyo para los municipios, pero es como hablar con una pared”, aseveró la legisladora, quien también es médica.
Para Lordén se trata de muertes que se podrían haber evitado con un abordaje estatal preventivo, profesional e integral, además de un control exhaustivo de las instituciones que las tratan.
“En las próximas horas presentaremos en la Legislatura un pedido de informe, para que las autoridades den detalles de lo ocurrido en Pilar y expongan cuáles son los pasos a seguir para evitar otra tragedia”, marcó.
¿Qué pasó en el centro de rehabilitación de Pilar?
La denuncia de la CPM señala que el incendio habría comenzado este martes cuando un usuario prendió un colchón de la habitación que comenzó a despedir el humo tóxico y al estar con un cóctel de medicación encima, sus compañeros no pudieron reaccionar para salvarse.
Según los relatos, en ese momento había un solo operador a cargo del cuidado de 26 personas, el edificio no poseía ningún matafuego, los colchones no eran ignífugos y todas las ventanas de las habitaciones tenían rejas, impidiendo las tareas de rescate intentadas por los mismos usuarios.
Para la CPM, hay “desidia judicial” frente a las reiteradas denuncias y la falta de controles estatales sobre los dispositivos de salud mental, lo que permite que estas comunidades sigan funcionando al margen de la ley(INFOCIELO)