Así lo dispuso el titular del Juzgado Federal N°1 de La Plata al homologar las propuestas de reparación ofrecidas en catorce expedientes donde se investigan violaciones a las restricciones impuestas por el Poder Ejecutivo Nacional en el marco de la pandemia por el virus Covid-19.
El titular del Juzgado Federal N°1 de La Plata, Alejo Ramos Padilla, homologó los acuerdos de reparación ofrecidos por distintas personas imputadas, en el marco de catorce investigaciones por violaciones a las restricciones impuestas mediante decretos de necesidad y urgencia del Poder Ejecutivo Nacional por la pandemia del virus COVID-19. De este modo, se recaudarán 370 mil pesos que se destinarán al sistema de salud.
Las investigaciones se formaron entre octubre de 2020 y enero de 2021, a raíz de la detección de distintos eventos privados realizados durante la cuarentena sanitaria dispuesta por el gobierno nacional, las cuales encuadran en violaciones a las medidas antipandémicas (artículo 205 del Código Penal) y desobediencia a la autoridad (artículo 239 del Código Penal).
El fiscal Guillermo H. Ferrara, interinamente a cargo de la Fiscalía Federal N°1 de La Plata, junto al auxiliar fiscal Eduardo Rezses y al secretario ad hoc Santiago Perez Mitta, se entrevistaron con las personas imputadas y sus defensas. La fiscalía aceptó las propuestas de reparación económicas efectuadas en el marco de las medidas alternativas de resolución de conflictos contempladas en el Código Procesal Penal Federal. Los ofrecimientos consistieron en la entrega de dinero, que alcanzó los 370 mil pesos, que serán destinados al sistema de salud para el abordaje de la pandemia.
En virtud de ello, y en el marco de las audiencias para informarle a las personas imputadas la formación del expediente, el juez Ramos Padilla homologó los acuerdos alcanzados, con la presencia del auxiliar fiscal Rezses, bajo la condición de que las personas imputadas mantengan buena conducta y no registren antecedentes.
La decisión adoptada se encuadra en las medidas alternativas de resolución de conflictos, previstas en el proceso penal que, en casos como este, colaboran a descongestionar el sistema de justicia, permitiendo que los esfuerzos se concentren en la investigación de delitos complejos. Asimismo, los acuerdos celebrados no implican que las personas imputadas asuman la responsabilidad de los hechos, pero permiten que adviertan las consecuencias de sus conductas de forma más directa, dinámica y eficaz, que si se siguiera el proceso penal tradicional.