(Por Fernando Delaiti, de la Agencia DIB) Darío Jerez estacionó el Fiesta gris en contramano, sobre la diagonal 23 y casi 3, en la ciudad costera de Santa Teresita. Permaneció en el auto un buen tiempo, luego entró a una rotisería, levantó un pedido para la compañía Arcor, para la que trabajaba, cobró parte de una deuda y se retiró. En la vereda se cruzó con un hombre de portafolio. Tras conversar un rato, se fueron caminando bajo el sol intenso de ese 25 de octubre de 2001. El auto quedó allí, en contramano, con las llaves puestas, algo que en los pueblos no llama tanto la atención. Lo que sí lo hizo, fue que a lo largo del día no respondió ninguno de los 124 llamados de Viviana Zubiaurre, su mujer. Desde ese día, nunca más se supo de Darío. Desapareció, lo desaparecieron.
El caso de Darío Jerez, del que se cumplen 20 años, es otra de las deudas pendientes de la Justicia argentina. Si bien en 2013 hubo un juicio donde seis personas enfrentaron cargos por falso testimonio y encubrimiento, el tribunal de Dolores los absolvió. Sin embargo, la Cámara de Casación ordenó un nuevo proceso. Pero el tiempo pasó y la causa prescribió. “La inoperancia de la Justicia no quiere decir que sean inocentes. Las personas imputadas y que fueron absueltas, no por inocencia sino por el paso del tiempo, tuvieron todo el poder”, dice Viviana en diálogo con agencia DIB.
La noche anterior a su desaparición, Darío, de 46 años, se reunió con un compañero del Club CADU para organizar el torneo de fútbol infantil. Esa mañana, como era habitual, desayunó con su señora y sus tres hijos, quienes se fueron al colegio. Tomó su pullover beige por si refrescaba, y se despidió de Viviana, a quien la vería, como siempre, a la hora del almuerzo, para después llevarla al jardín de infantes. Pero eso nunca pasó.
A lo largo del día la mujer hizo infructuosos llamados al celular de su esposo. Junto a algunos amigos pasaron por la comisaría y salieron a buscarlo por la ciudad, por donde hacía los recorridos para levantar pedidos.
Sin respuestas concretas, se acercó a la oficina de Carlos Subirol, el hombre que le había abierto las puertas a Darío para trabajar un día a la semana en Comprar SRL, una financiera con fuertes vínculos a la gestión municipal. De hecho, esa empresa había creado la tarjeta Comprar que se ofrecía a los empleados comunales, además de los créditos personales. Era 2001, época de crisis, de necesidades. La investigación de la fiscalía relacionaba la financiera con una deuda que tenían con Jerez, y a varios que después se sentaron en el banquillo de los acusados con entorpecer la causa.
El quiebre
Pasaron meses y Viviana, de los que consideraba “amigos”, escuchaba todo tipo de teorías. Que Darío se había ido del país, que estaba con otra mujer, que se suicidó… Hasta que abrió los ojos y empezó a separar “la paja del trigo”. En ese sentido, Viviana recuerda aquellos años, en lo que vaya a saber por qué, mucha gente buscaba desviar la investigación: “Hasta un comisario nos dijo una vez que Darío había estado en una fiesta negra en San Clemente. Fueron meses de excavaciones en el terreno más inhóspito y años en la Justicia. Aparecía un hueso, y se mandaba a analizar y pasaban meses”.
También en un momento se buscó acusar a una persona con una leve discapacidad de ser el asesino. Todas “bombas de humo” que lo único que hacían, junto a los escritos constantes que presentaban los imputados, era relentecer la causa. “Hay gente responsable y que hizo un pacto de silencio, que nunca quiso declarar. Es gente que ahora tiene poder económico pero que en ese momento tenía poder político, y por eso pusieron palos en la rueda. Han interpuesto escritos para que esto se dilate. Y nosotros para presentar uno tenemos que hacer ‘una vaca familiar’”, cuenta Viviana.
Recién en marzo de 2013, casi doce años después, se hizo el juicio con unos 200 testigos. Los acusados fueron además de Subirol; el ex concejal Daniel López; el ex director de Inspecciones Gerardo Ibarra; el chofer y custodio del secretario de Gobierno, Gastón Leandro Alzugaray; el socio de Comprar SRL, Alejandro Muñoz; y Jorge Grande, la mano derecha del entonces intendente Guillermo Magadán.
El tribunal de Dolores, en ese momento, dictaminó la absolución de los imputados, quienes vincularon la causa en su contra a “razones políticas”. Para los jueces, sin cuerpo, ni móvil, ni asesino era muy difícil determinar ¿a quiénes encubrirían? Sin embargo, en el juicio quedó claro que Jerez no tenía ningún motivo para irse de su casa, para desaparecer de golpe y para siempre de su vida tranquila y con actividad social.
La memoria, presente
Más allá de este fallo, la Cámara de Casación revisó lo actuado y dictaminó la realización de un nuevo juicio, algo que fue confirmado por la Corte. Pero la dilatación en los tribunales de Dolores hizo que la causa por encubrimiento prescribiera. Ahora al caso, que está por llegar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, le queda su parte principal, que es por la desaparición y muerte de Darío. “Se sigue trabajando pero con las dificultades del paso del tiempo: se perdieron registros en la comisaría, se fue muriendo gente. Pero no prescribe porque no se ha encontrado su cuerpo”, agrega la mujer.
Este 25 de octubre, como cada año, por las calles de Santa Teresita habrá una “marcha activa” para mantener viva la llama de la justicia. La movilización, con postas artísticas, llegará a donde se lo vio por última vez, en calle 3 y la diagonal que ahora lleva el nombre de Jerez.
“En los primeros días era llorar a moco tendido. Me la pasaba en la cama. Cuando escuchaba que los chicos volvían de la escuela me levantaba de la cama, me agarraba de la mesada y les hacía la leche. Cuando se iban me volvía a tirar en la cama. Pero Darío siempre decía: ‘Vivi, nosotros somos el ejemplo de los chicos’. Y así fue que día a día me fui parando cada vez más. Y hoy, que nos acostumbramos a vivir con la pena, la causa ya nos traspasó, es emblemática para todo el pueblo”, dice Viviana. (DIB)