El fiscal general Alejandro Alagia y el auxiliar fiscal Agustín Vanella desarrollaron ayer la segunda parte de su alegato ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°4 en el juicio en el cual se juzgan a seis ex agentes penitenciarios y dos ex militares por crímenes de lesa humanidad en el centro clandestino de detención “El Vesubio». Se trata del tercer tramo de la causa que aborda los delitos cometidos en el lugar que funcionó a doscientos metros de la Autopista Ricchieri durante la última dictadura cívico militar.
Los implicados están acusados de ser responsables de 72 homicidios y 397 casos de secuestros coactivos y aplicación de tormentos. Además, en abril pasado el Tribunal aceptó la ampliación de la acusación de la Fiscalía por abusos sexuales, secuestros coactivos, torturas y homicidios. Por estos delitos, según cada caso, se encuentran señalados los agentes penitenciarios Milcíades Luis Loza, Olegario Domínguez, Roberto Horacio Aguirre, Florencio Esteban Gonceski, Hugo Roberto Rodríguez, Eduardo David Lugo; y los militares David Cabrera Rojo y Humberto Eduardo Cubas.
Durante la audiencia de hoy, la fiscalía desarrolló lo sucedido con un primer grupo de víctimas. “En el primer tramo de este juicio se probó que el traslado a otro lugar de detención era un eufemismo utilizado por los perpetradores para denominar el asesinato de sus víctimas”, señaló la fiscalía. Hizo referencia entonces a lo ocurrido el 20 de junio de 1976 cuando once víctimas fueron movilizadas bajo el engaño de que serían trasladadas a la provincia de Neuquén aunque en realidad fueron asesinadas en Costa Sarandí bajo la excusa de un enfrentamiento armado.
Luego, el MPF señaló que las víctimas trasladadas en esa ocasión eran militantes del PRT-ERP, a excepción del militante peronista Jorge Salite y el escritor Haroldo Conti, que también permanece desaparecido. “El trabajo del Equipo Argentino de Antropología Forense en esas fosas permitió que la Justicia pueda identificar a 9 de las 11 personas asesinadas”, se resaltó.
La Fiscalía hizo alusión también al secuestro del documentalista Raymundo Gleyzer llevado adelante el 27 de mayo de 1976 en la Avenida Federico Lacroze al 1900, en el barrio porteño de Belgrano. Gleyzer continúa desaparecido y su secuestro fue una de las situaciones que se acreditaron en el juicio que tuvo sentencia en 2014. En este debate, los imputados Loza y Lugo fueron señalados como parte del secuestro y los tormentos que sufrió la víctima.
Algo similar sucede con el caso del escritor de historietas Héctor Germán Oesterheld. “En la sentencia del juicio Vesubio I se tuvo por acreditado que fue secuestrado, en una fecha no determinada, y trasladado al Vesubio, donde fue sometido a tormentos. Al día de la fecha permanece desaparecido. Por este caso acusamos a Loza, Rodríguez, Gonceski, Lugo, Aguirrre y Cabrera Rojo”, señaló el MPF. Tras la finalización de esta segunda parte del alegato, el tribunal integrado por Néstor Costabel, Daniel Obligado y Gabriela López Iñíguez convocó a un cuarto intermedio hasta la próxima audiencia a realizarse con fecha a definir.
El Vesubio
El centro clandestino, desde la perspectiva organizativa del plan represivo de la última dictadura militar, se encontraba bajo la órbita de la Subzona 11 dentro del área 114, “jurisdicción» del Grupo de Artillería Mecanizada 1 perteneciente al Primer Cuerpo del Ejército. Fue establecido en un predio del Servicio Penitenciario Federal, en la intersección de Camino de Cintura y la Autopista General Ricchieri, en el partido de La Matanza. El Vesubio funcionó entre abril de 1976 y noviembre de 1978: fue destruido por el Ejército ante la llegada al país de la delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Además de los mencionados previamente, también fueron víctimas el dirigente sindical Jorge Fernando Di Pascuale y la socióloga alemana Elisabeth Kaesemann. La etapa de instrucción estuvo a cargo del fiscal federal Federico Delgado.