La auxiliar fiscal Gabriela Sosti se refirió ayer a los secuestros de los trabajadores de la empresa Dálmine-Siderca y particularmente a los hechos conocidos como “La noche de los tubos” durante la tercera parte del alegato del Ministerio Público Fiscal en el juicio a veinte acusados por crímenes de lesa humanidad en la guarnición militar de Campo de Mayo entre 1976 y 1978.
En la audiencia Nº 95 del juicio, la auxiliar fiscal abordó los hechos ocurridos entre agosto y octubre de 1976. Al respecto, destacó la convivencia de los dueños de aquella empresa con la dictadura, y mencionó que “al menos unos 80 trabajadores de este emporio industrial fueron víctimas del aniquilamiento”.
Durante la exposición al cabo de cuatro horas, la auxiliar fiscal describió en los distintos casos las violaciones y los abusos sexuales perpetrados contra las mujeres secuestradas en los centros clandestinos de detención. Indicó que se trató de una práctica sistemática y recalcó que también develaban una ideología.
El juicio en curso, que inició en abril de 2019, aborda los crímenes contra 350 víctimas, que en su mayoría eran trabajadores, trabajadoras y militantes de la zona norte de Buenos Aires, entre quienes hubo 14 mujeres embarazadas.
Los trabajadores de Dálmine-Siderca
Durante la jornada, que comenzó pasadas las 10.00 de forma virtual, Sosti se centró en los secuestros de los trabajadores de la empresa siderúrgica Dálmine-Siderca -propiedad del grupo Techint-, ubicada en la localidad de Campana. Aclaró que los secuestros comenzaron antes del golpe de Estado y dio el ejemplo del obrero Armando Rodi, desaparecido el 13 de diciembre de 1975.
Sobre la responsabilidad de los dueños de la empresa, la auxiliar fiscal sostuvo que “junto a los grupos Roggio y Macri, el emporio industrial de la familia Rocca fue uno de los sectores empresariales más beneficiados política y económicamente por la última dictadura cívico militar”. Asimismo, sostuvo que “trabajadores que molestaban a las empresas eran trabajadores a los que fueron aniquilando, porque reclamar por mejores condiciones laborales o mejoras salariales era motivo suficiente para el secuestro, el tormento y la desaparición”.
En ese sentido, Sosti apuntó que en la fábrica estaba instalado el Ejército “hostigando, persiguiendo y secuestrando, fuera y dentro de su predio”. En su relato describió que los trabajadores eran interrogados dentro de la fábrica, donde había personal de inteligencia haciendo tareas de detección y espionaje. A su vez, señaló que las víctimas eran secuestradas cuando iban y cuando salían de trabajar, y que después a esos obreros, a sabiendas de que estaban secuestrados, les enviaban los telegramas de despido por inasistencia por abandono de tareas.
Asimismo, indicó que la empresa hizo aportes concretos de dinero para el funcionamiento del exterminio del Área 400, “como fue el acondicionamiento de las instalaciones para el establecimiento de la Brigada de Información de Tigre, al lado de la comisaria de Campana, que fue subvencionado por Rocca”.
“La noche de los tubos”
Por otra parte, precisó que “al menos unos 80 trabajadores de Dálmine-Siderca fueron víctimas del aniquilamiento” y destacó la tarea que hicieron hijos de los trabajadores desaparecidos y de quienes se animaron a romper el silencio para poder reconstruir los vínculos que había entre los militantes. En ese sentido, Sosti sostuvo que esta tarea fue fundamental “no solamente por el imperio del derecho a la verdad, sino porque nos acerca a entender el trazado y la lógica del exterminio”.
Sobre los hechos, la representante del Ministerio Público Fiscal se refirió a los secuestros de Rubén Frutos, Nillo Agnoli, Nicolas Villaverde, Pedro García y de Jose y Rodolfo Amarilla. Pero, además, se centró en los secuestros de los cuatro trabajadores, ocurridos el 22 de septiembre de 1976, hecho conocido y recordado como “La noche de los tubos”: durante la noche y la madrugada de ese día, Alberto Bedia, Raúl Moreno, Armando Culzoni y Manuel Martínez fueron secuestrados y desaparecidos por patotas militares en sus respectivos domicilios.
Las violaciones como práctica sistemática
Por otra parte, Sosti se detuvo en los casos de violaciones y de abusos sexuales que hubo en los centros clandestinos de detención. En ese sentido, mencionó el caso de una de las víctimas, a quien, durante su cautiverio, el represor que la había secuestrado en su domicilio y que le había robado la cámara de fotos de sus pertenencias, la obligó a sacarse la ropa para fotografiarla. Al respecto, calificó al hecho como abuso deshonesto y sostuvo que era “una práctica sistemática que se verificaba a cada paso, que varió desde las bestiales violaciones a las mujeres, hasta los manoseos en las duchas, entre otras prácticas”.
En ese sentido, indicó que las violaciones sexuales y todos los abusos develaban una ideología: “Eran alimentadas no solo por la voracidad de los lascivos sino por la prepotencia de tratar a las mujeres como objeto para apagar su lascivia”, señaló.
Sobre otro caso de violación descripto en el juicio por una sobreviviente, la auxiliar fiscal sostuvo que “sólo pudo ser posible porque muchos, miles de hombres del Ejército y sus fuerzas dependientes lo hicieron posible”. “En ese espacio de excepción donde imperaba la ley de las bestias, había un sistema, en el que estaban administradas las horas para producir dolor”. Agregó que “cuando la muerte es masiva exige su burocracia: los secuestros se administraban en ciertas franjas horarias, los tormentos tenían su protocolo, sus estilos, sus objetivos, sus lugares específicos y también tenían su sistema”.