En la declaración de Leonardo Peiti, el rey del juego clandestino, involucra a un senador radical -además de Armando Traferri- en el cobro de coimas. Desde el sector de Lisandro Enrico aseguraron que está a disposición de la Justicia indica Aire de Santa Fe.
Además indica “La causa judicial que investiga las conexiones entre el crimen organizado dedicado al juego clandestino con el poder político y judicial de la provincia de Santa Fe sigue sumando capítulos. Desde el entorno del senador radical por el departamento General López, Lisandro Enrico, aclararon que el legislador está a disposición de la justicia, tras conocerse versiones -todavía no confirmadas judicialmente- que indican que el rey del juego clandestino, Leonardo Peiti, lo habría vinculado en el pago de sobornos a senadores que brindaban una red de protección política a esta actividad ilícita. El dato lo contó el periodista Germán de los Santos en Aire de Santa Fe.
La reacción del senador Enrico, que también adelantó que la semana que viene tiene previsto presentar un escrito en la Justicia, está relacionada con las declaraciones de Peiti, quien firmó un preacuerdo de juicio abreviado que prevé seis años de prisión efectiva. Como contrapartida declaró como “imputado colaborador”, una figura legal que está en proceso de homologación. Si la justicia acepta a este acusado como “arrepentido”, la pena se reduciría a la mitad, es decir, a tres años de prisión. Pero lo más jugoso es la multa que deberá pagar Peiti, una suma inédita en la justicia, ya que alcanzará los 536.000 dólares.
El testimonio de Peiti es clave en la causa, con datos precisos sobre cómo funcionaba esta organización ilícita y las vinculaciones que tenía a nivel político. Esa declaración se produjo el 13 de setiembre pasado ante la jueza Eleonora Verón y cuatro fiscales. En su testimonio Peiti reveló los pagos de supuestos sobornos a legisladores provinciales. Según las fuentes consultadas, uno de ellos sería el senador Armando Traferri y un legislador radical. Peiti habló de sumas de 250.000 dólares. Sin que nadie lo acusara formalmente, desde el entorno del senador radical aseguraron que Enrico está a disposición de los fiscales, a partir de la circulación de versiones periodísticas sobre quienes fueron los otros senadores que vinculó Peiti. Como el acuerdo de juicio abreviado aún está en proceso de confirmación en la Justicia, todavía no se reveló en detalle la declaración del rey del juego clandestino.
Según pudo averiguar AIRE, en su declaración Peiti desgranó de manera puntillosa cómo fue la estrategia que montó y con quiénes hizo “acuerdos” para lograr un escudo judicial que no lo complicara en su anhelo por quedarse con el juego online legal. En todo ese recorrido intervinieron personajes emblemáticos de la política, como ya se fue reconstruyendo en la causa.
La primera declaración que hizo Peiti en la causa en julio del año pasado fue lapidaria para los fiscales Gustavo Ponce Asahad y Patricio Serjal, que terminaron detenidos, luego de que los funcionarios a cargo de la Unidad de Criminalidad Organizada Luis Schiappa Pietra y Matías Edery corroboraron sus dichos y las reuniones y contactos que había mantenido con los imputados, a los que acusó de recibir sobornos. El 31 de julio fue aprehendido Ponce Asahad y el 11 de agosto Serjal. El primero fue destituido por la Legislatura y el segundo renunció antes de ser separado de su cargo.
Leonardo Peite estaba involucrado por juego clandestino en el sur de Santa Fe
Según la Política Online la trama del juego clandestino que ya abarcaba a varias localidades del sur santafesino (Hughes, Venado Tuerto, Weelwright, Casilda), sumó a varias otras zonas del norte provincial. De acuerdo a Merlo, González utilizó su rol en el Ministerio Público de la Acusación (MPA) para encubrir las tareas que la red de Peiti realizaba en localidades como Vera, Avellaneda y Reconquista. Acusó por ello a González de «ciertas omisiones en su función», y le atribuyó la doble responsabilidad de haber cometido errores administritivos vinculados a hechos ilícitos. Tanto González como Peiti (para quien ya se solicitaron ocho años de prisión) se encuentran procesados por Merlo.
Pero los ribetes políticos que envuelven a esta trama lejos están de acabare en las figuras de González, Serjal y Ponce Asahad. Cada vez queda más claro que Peiti (quien tiene además emprendimientos legales en Mar del Plata, Formosa, Misiones y Paraguay) no pudo haber montado su maquinaria de juego ilegal y de lavado de dinero sin la complicidad de funcionarios del más alto nivel que derivaron en una feroz pelea entre el gobierno y dirigentes del Frente Progresista.
El fallido avance contra Traferri (quien zafó del desafuero gracias a los votos de un sector del peronismo y del Frente Progresista) generó una guerra fría entre el gobernador Omar Perotti y su vice Alejandra Rodenas, a quien se le atribuyó puertas adentro la responsabilidad por los pocos votos cosechados por el pedido de desafuero (cuatro de trece necesarios) y dejó heridas difíciles de sanar en la Legislatura.