El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Bahía Blanca condenó hoy a siete integrantes de una organización narcocriminal transnacional con penas de entre 5 y 15 años de prisión en la causa conocida como “Bobinas Blancas”, denominada así por la ocultación de estupefacientes en bobinas con un campo magnético que dificultaba su detección. Mientras seis fueron condenados por el almacenamiento ilegal de estupefacientes, el operador de bitcoins fue sentenciado a prisión por lavar el dinero de la organización a través de criptomonedas.
Salvo el caso del bróker -para quien la fiscalía había requerido ocho año de prisión y recibió finalmente cinco-, las condenas fueron en línea con el pedido del Fiscal Gabriel González Da Silva
Después de la audiencia del viernes pasado, en la que los acusados efectuaron sus últimas palabras, hoy al mediodía, de forma virtual, los jueces Pablo Candisano Mera, Pablo Larriera y Pablo Díaz Lacava, dieron a conocer el veredicto.
Max Rodríguez Córdova recibió una pena de 15 años de prisión y una multa de 900 unidades fijas, mientras que Jesús Madrigal Vargas y Gilberto Acevedo Villanueva fueron condenados a 14 años de prisión y a una multa de 750 unidades fijas. Los tres ciudadanos mexicanos fueron considerados coautores penalmente responsables del delito de almacenamiento ilegal de estupefacientes, agravado por la intervención de tres o más personas organizadas para cometerlo.
Con relación a los argentinos que integraron la organización, Marcelo Rafael Cuello y Amílcar Darío Martino recibieron una pena de seis años de prisión y una multa de 550 unidades fijas, en tanto que Dario Maximiliano Cuello fue condenado a cinco años de prisión y una multa de 450 unidades fijas. Los tres fueron considerados como partícipes secundarios del delito de almacenamiento ilegal de estupefacientes, agravado por la intervención de tres o más personas organizadas para cometerlo.
En cuanto al operador de bitcoins, Emmanuel García, recibió la condena de cinco años de prisión y una multa en dólares de ocho veces el monto de las operaciones -que sumaron 468.400 dolares-, accesorias legales y costas por ser considerado autor penalmente responsable del delito de lavado de activos. Asimismo, se ordenó la detención de Garcia y el decomiso de bienes de los condenados.
La causa
La causa comenzó en 2017, a partir de un aviso que hizo el departamento de control de drogas de Estados Unidos, la Drug Enforcement Administration (DEA), a la División de Operaciones Federales de la Policía Federal Argentina (PFA), que permitió dilucidar una organización narcocriminal muy sofisticada, integrada por los siete acusados –tres ciudadanos mexicanos y cuatro de nacionalidad argentina-, que recibían financiamiento desde México y que operaban en Argentina a través de la firma “Can Trade Connections”. Según detallaba la información inicial, se utilizaba como fachada el envío de bobinas de láminas de acero hacia España y/o Canadá para camuflar sustancias estupefacientes.
Tras el inicio de la pesquisa, con las investigaciones desplegadas por la Superintendencia de Drogas Peligrosas de la Policía Federal, el 18 de junio de ese mismo año se desbarató la organización narcocriminal a la cual se le secuestró un total de 1862,17 kilogramos de cocaína. Una parte del material estupefaciente había sido acondicionado dentro de ocho bobinas de acero en un galpón en el Parque Industrial de Bahía Blanca y el resto había sido colocado dentro de bolsas de arpillera en un galpón en la localidad Perdriel, en Mendoza.
De acuerdo con la investigación, los mexicanos Rodríguez Córdova, Acevedo Villanueva y Madrigal Vargas daban las órdenes a Marcelo Rafael Cuello, Maximiliano Cuello y Amílcar Darío Martino, dos de los cuales -los hermanos Cuello- se encargaban de administrarles los galpones donde se guardaba la droga y de proveer el transporte y los traslados a los mexicanos. A su vez, Martino colaboró en la importación de equipos y máquinas para acondicionar los estupefacientes, en el encargo del traslado de la mercadería a Bahía Blanca y en realizar los trámites de exportación de ese material.
En tanto, Emmanuel García llegó al debate acusado por lavado de activos a través de las criptomonedas, porque se acreditó- puso a disposición sus conocimientos y recursos para transferir los bienes en dinero efectivo para dárselos a los ciudadanos mexicanos con el objetivo de financiar el armado criminal.
Además de ser el caso de mayor secuestro de estupefacientes en el país sobre una organización internacional dedicada al narcotráfico, el fiscal Da Silva reiteró en sus distintas alocuciones la importancia de este juicio por tratarse del primer antecedente jurisprudencial de lavado de dinero con criptomonedas.