El presidente Alberto Fernández ya está formalmente imputado en la causa en la que se investiga si cometió delitos al incumplir las normas impuestas por su propio decreto durante la celebración del cumpleaños de su pareja, la Primera Dama, Fabiola Yáñez, durante la prohibición de las reuniones sociales de 2020, según el escrito.
Durante la tarde del jueves, la causa tuvo dos hechos. Primero, Fernández presentó un escrito ante el juzgado federal de Sebastián Casanello por derecho propio y sin abogado patrocinante para proponer una “reparación del daño potencial que se hubiere causado” su participación en el cumpleaños de Yáñez “ofreciendo depositar durante cuatro meses consecutivos la mitad de su salario al Instituto Malbrán”, según un comunicado de Presidencia.
Luego, el fiscal federal Ramiro González, quien ya venía trabajando en un dictamen para formalizar que Fernández está imputado en la causa, firmó el documento que así lo determina. Como consecuencia, Fernández debe presentar un abogado defensor en el expediente. El fiscal también notificó formalmente de su estado de imputados a otras diez personas que participaron en la cena, incluida Yáñez.
El incumplimiento de las restricciones de circulación y reunión que regían el 14 de julio de 2020 configuran un delito menor, que se enmarca en la conjunción de dos normas: el artículo 205 del Código Penal -que tienen penas de entre seis meses y dos años de prisión para quien violase las medidas adoptadas por las autoridades para impedir la introducción o propagación de una epidemia- y el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) firmado por Fernández y que estableció las prohibiciones por la emergencia sanitaria.
La estrategia de defensa de Fernández, la conciliación y reparación económica, ha sido una salida ampliamente utilizada por abogados y la propia Justicia en los casos de incumplimiento de las restricciones y medidas de prevención por la crisis sanitaria durante el último año y medio de pandemia
La causa tiene otros puntos que exceden la celebración de Yáñez, ya que la denuncia inicial es por los ingresos a la Quinta de Olivos y a la Casa Rosada durante las restricciones de 2020, cuando estaban prohibidas las reuniones sociales y la circulación de personal no esencial. Durante esas fechas, el Presidente mantuvo encuentros con amigos, su hermano, artistas y otras personas que también son investigadas por González.
La Primera Dama y el resto de los asistentes a la celebración del 14 de julio de 2020 durante las restricciones de la pandemia ya están imputados de hecho en el expediente porque se presentaron ante el juzgado de Sebastián Casanello para designar abogados defensores, pero ahora le fiscal lo volcó en un dictamen. El mandatario es el único de los comensales del cumpleaños que aún no nombró letrado. (DIB)