El juez federal de Campana, Adrián Gonzalez Charvay, llamó a declaración indagatoria al ex intendente de Pilar, Nicolás Ducoté, a ex funcionarios y ex funcionarias de ese municipio y del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Viviendas de la Nación y a responsables de las empresas ejecutoras -en total, 21 personas- respecto de irregularidades detectadas por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) en tres convenios celebrados en 2016 por más de 460 millones de pesos ($ 460.829.737) para la construcción de obras en los barrios Monterrey y Peruzzotti y en un plan de microcréditos para refacción de viviendas.
La PIA intervino en el expediente en colaboración del fiscal federal de Campana, Sebastián Bringas, en el marco de lo dispuesto en la Ley Orgánica del MPF, N°27.148. En función de ello, elaboró y presentó en octubre pasado tres dictámenes en diferentes causas, suscritos por el fiscal nacional de investigaciones administrativas y titular de la PIA, Sergio Rodríguez, y el auxiliar fiscal Gabriel Quintana Landau.
Los dictámenes individualizan las irregularidades advertidas y los perjuicios ocasionados e identifican a las, hasta ahora, 21 posibles personas responsables.
A través de los acuerdos analizados en las tres causas el Gobierno nacional se había comprometido a efectuar el financiamiento de las obras que serían ejecutadas por el municipio. En la investigación se determinó que, sin perjuicio de la aplicación de fondos, las obras no habían sido ejecutadas conforme lo presupuestado o ejecutadas en su totalidad.
El estudio presentado por la PIA al fiscal Bringas, que fue tomado por el juez para ordenar los llamados a declaración indagatoria, también indicó que se habían generado gastos indebidos a favor de terceros, lo cual provocó un perjuicio a las arcas del Estado Nacional en tanto las obras propuestas no se vieron finalizadas por falta del control de las autoridades nacionales. De acuerdo con el estudio, ello ocurrió mediante irregularidades cometidas en los expedientes donde tramitaron las ejecuciones y rendiciones de cuentas de estos convenios.
Las 21 declaraciones indagatorias ordenadas por el juez federal Gonzalez Charvay se extenderán desde este martes 15 al viernes 25 y se llevarán a cabo de forma virtual, en función de las medidas sanitarias de prevención de COVID-19.
Las primeras personas en comparecer ante el magistrado, según lo dispuesto, son el ex intendente Ducoté y el representante legal de una de las uniones transitorias de empresas (UTE).
En los días siguientes deberán comparecer la ex subsecretaría de Hábitat y Desarrollo Humano del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda, Marina Klemensiewicz, y los funcionarios de aquella cartera, Federico Bustello e Ignacio Azarola.
En tanto, por el Municipio de Pilar fueron convocados a declaración indagatoria la ex secretaria de Economía y Hacienda, Cecilia I. Cabrera; el ex director de Compras, Fabián Arias; por la Dirección General de Dictámenes y Asesoramientos, María Natalia Toso; el ex secretario de Obras Públicas, Guillermo H. Iglesias; el ex director de Calles y Red Vial, Osvaldo Caccaviello; el ex director de Obras Civiles, Marcelo Sfeir; y la ex subsecretaria de Obras Públicas, Sandra Sosa.
De la misma manera, el juez ordenó la citación de otros nueve representantes legales de las UTE intervinientes en las obras.