Detrás de la estafa más grande de la historia de la provincia hubo una organización conformada por un abogado y varios escribanos y gestores inmobiliarios con base en Venado Tuerto e influencia en otras localidades. Quedaron en el ojo de la justicia por haberse apoderado mediante operaciones fraudulentas de más de 30 viviendas y unas mil hectáreas de campo.
Apuntaban a propiedades a nombre de personas de edad avanzada o de fallecidos sin herederos y se estima que se hicieron con más de mil millones de pesos.
En un juicio abreviado realizado el pasado 16 de abril el juez Benjamín Révori condenó al abogado penalista venadense Antonio Di Benedetto a 6 años y medio de prisión por ser la cabeza de la asociación ilícita. También recibieron condenas otras cinco personas que fueron parte de las operaciones. El gestor rosarino Raúl Jaime fue sentenciado a 5 años de prisión efectiva. Para María de los Ángeles Sarría, Luis Restovich y Danisa Pintos la pena fue de 4 años de prisión efectiva. Un escribano de la localidad de Armstrong, Ángel Emilio Moreale, fue penado con 3 años de prisión condicional y 6 de inhabilitación profesional. En tanto uno de los acusados, identificado como M. S., no llegó a un acuerdo para el procedimiento abreviado y afrontará un juicio oral.
Lo que ventiló la investigación, que en 2018 condujo a la detención e imputación de los condenados y otras personas, fue que los integrantes de la asociación ilícita tenían acceso a información compleja y detallada. Y que, además, habían adquirido un mecanismo aceitado para concretar sus fraudes. Incluso fueron los puntos en común entre distintos casos denunciados, como nombres repetidos o maniobras similares, los que llamaron la atención del equipo investigador conducido por el fiscal Matías Merlo.
Fue en 2017 que la Unidad Fiscal de Delitos Complejos del departamento General López puso el ojo sobre las sospechas de que una asociación ilícita conformada por profesionales había realizado estafas en distintos puntos del sur santafesino. Desde Venado Tuerto, hasta Maggiolo, Villa Cañás, Santa Isabel y San Eduardo. Lo que se advirtió en ese entonces fue los sospechosos se habían apropiado de inmuebles de adultos mayores sin hijos o de propiedades a nombre de personas fallecidas que no registraban herederos.
Lo que el fiscal Merlo detectó fue que las maniobras se repetían tanto en propiedades rurales como urbanas. En los campos los delincuentes elegían a propietarios ancianos que no tuvieran herederos y les hacían suscribir las escrituras. Con las viviendas urbanas confeccionaban boletos de compraventa de inmuebles a nombre de personas fallecidas, mediante los cuales iniciaban juicios de escrituración con domicilios falsos y los ponían a nombre de nuevos titulares.
Los investigadores supieron, mediante la información brindada por un sistema de alerta del Registro de la Propiedad, que dos escribanos pertenecientes a la organización realizaban maniobras que generalmente tenían como propietarios a personas que en el Registro Civil figuraban como fallecidas. Fue ese el caso de un campo de 200 hectáreas cuyo supuesto vendedor había muerto en 1980.
En otro caso uno de los damnificados denunció que cuando transitaba un proceso de sucesión de un campo de 500 hectáreas se encontró con que el terreno había sido vendido. La venta había ingresado al Registro de la Propiedad por maniobra del condenado Raúl Jaime, gestor rosarino. Uno de los herederos de la sucesión tenía como abogado a Di Benedetto, cabeza de la asociación ilícita.
La asociación ilícita funcionó de tal manera que avanzó con la concreción de fraudes que reúnen un total superior a los mil millones de pesos. Cuando Di Benedetto cayó intentó despegarse y adujo motivos políticos detrás de las acusaciones que habían recaído en su contra. En esa ocasión fue contra el entonces ministro de Seguridad Maximiliano Pullaro y el senador por el departamento General López, Lisandro Enrico. «Es un gobierno que se cae a pedazos y quiere tener un rol ejemplificador en torno a hechos de corrupción y por eso actuaron de ésta manera. Seguramente en un año ya no estarán más», dijo en 2018 a este diario el ahora condenado abogado (La Capital)