Tres de las cuatro entidades que componen la Mesa de Enlace agropecuaria definieron este martes un paro de comercialización por 72 horas a partir del próximo lunes, en reclamo por el cierre de las exportaciones de maíz. 
La medida dividió esta vez a la Mesa de Enlace: el comunicado que informa sobre la medida de fuerza está firmado por la Sociedad Rural (SRA), Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) y Federación Agraria, pero no por Coninagro, que en los últimos meses exhibió posiciones más cercanas con el Gobierno.
La medida, que venía siendo discutida desde la semana pasada, cuando el Gobierno anunció la suspensión de las exportaciones de maíz hasta marzo, comenzará a las 0 horas del lunes 11 de enero y se prolongará hasta la medianoche del miércoles 13.
El paro será acompañado por asambleas de productores agropecuarias, que podrían complicar el tránsito en las rutas de todo el país. Las primeras de este tipo comenzarán esta semana, aunque podrían extenderse durante la medida de fuerza general.
Antes de que se oficializara la decisión el Gobierno había cruzado a la mesa de enlace: el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, aseguró que el Ejecutivo no se correría “ni un centímetro” de su política agropecuaria pese a la (entonces) amenaza de paro.
“Una vez los sectores agroexportadores tienen que pensar en los argentinos. Estos sectores sojeros tuvieron ganancias extraordinarias y tienen que pensar en el país”, dijo Katopodis. Y aclaró: “Si la Mesa de Enlace hace un lockout, el Gobierno no se va a mover un centímetro. Hicimos lo que teníamos que hacer y no cedimos a ninguna de las presiones”.
El reclamo
El cese de comercialización es el segundo que la Mesa de Enlace le realiza al presidente Alberto Fernández: en marzo, previo a la cuarentena, había parado cuatro días en reclamo por la suba de las retenciones a la soja.
La nueva medida se dio en respuesta a la decisión del Gobierno nacional de cerrar por 60 días las exportaciones de maíz, con el objetivo de asegurar el suministro en el mercado interno y evitar el aumento de precios, ante un aumento de los valores internacionales.
La decisión, que sorprendió a los productores, consiste en la suspensión del registro temporario de las Declaraciones Juradas de Venta al Exterior para los embarques de maíz que pretendan exportarse antes del 1° de marzo de 2021, fecha en la que arranca formalmente la campaña 2020/21.
Según se informó, la medida “se basa en la necesidad de asegurar el abastecimiento del grano para los sectores que lo utilizan como materia prima en sus procesos de transformación, básicamente la producción de proteína animal como carne de cerdo, pollo, huevos, leche y feedlot, donde el cereal representa un componente significativo de sus costos de producción”.
Desde Agricultura reseñaron que hasta el momento se autorizó la exportación de 34,23 millones de toneladas de maíz de la campaña 2019/20, sobre un total teórico exportable de 38,50 millones de toneladas. Según estos números, “las 4,27 millones de toneladas restantes quedan disponibles para el consumo interno, con el objeto de asegurar el abastecimiento durante los meses del verano cuando la oferta de cereal tiende a escasear”.
Panorama internacional
El nuevo frente de conflicto entre el campo y el Gobierno se da en el marco de una inmejorable posición para el agro: hoy la soja superó por primera vez en más de 6 años los 500 dólares, lo que supone fuertes ganancias para los exportadores y un mayor ingreso de divisas para el Gobierno.
El maíz, en tanto, se vendía hoy a 193 dólares en el mercado de Chicago, y también alcanzó su mayor récord desde 2015. Esto, a su vez, elevó considerablemente los precios de la comercialización interna, y en el Gobierno temen que pueda afectar los precios internos. (DIB)