FABA, como integrante importante de CEDIM (Cámara de Entidades de Diagnóstico y Tratamiento Ambulatorio), formó parte de las instituciones que solicitaron al Gobierno Nacional respuestas urgentes a una problemática cada vez más acuciante.
Los prestadores de la Salud e integrantes de distintas cámaras y entidades vinculadas al sector, elevaron una carta formal a los funcionarios nacionales para denunciar el estado terminal de la actividad y solicitar la adopción de medidas urgentes. En muchos casos, la pandemia repercutió negativamente, con un marcado descenso en la atención, lo que tuvo como efecto una merma considerable en sus ingresos.
La misiva está dirigida al Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, conjuntamente con el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, el superintendente de Servicios de Salud, Eugenio Zanarini, el ministro de
Trabajo, Claudio Moroni, su par de Economía Martin Guzmán y la administradora de la AFIP, Mercedes Macó del Pont; y el pedido unificado es que, se tomen una serie de medidas que les permita salir del ahogo financiero.
Entre otras cosas, solicitaron que se prorrogue la emergencia sanitaria cuya finalización originariamente fue prevista para el 31 de diciembre de 2020 y se encuentra prorrogada hasta el 31 de marzo de 2021; que además se prorrogue el Programa ATP para la totalidad de los prestadores del sector de la Salud durante todo el año próximo, al igual que la vigencia del Decreto 300/20; que también se arbitren los medios para que se actualice el importe nominal del monto mínimo no imponible establecido por el Decreto 688/2019, para ser aplicado por los empleadores sobre el cálculo de las contribuciones patronales.
Según detallaron en la carta dirigida a las autoridades, el sector viene padeciendo retrasos arancelarios desde los últimos cuatro años y se calcula que ese desfasaje alcanza los 70,7 puntos porcentuales respecto del IPC y en 119,7 puntos porcentuales respecto del Índice de Costos en Salud; por lo que, sumado a este contexto, alertaron que un gran número de Instituciones médicas, que atienden a 7 de cada 10 argentinos, se verán forzadas a cerrar sus puertas de manera definitiva.
A su vez, exigieron que cese la discriminación de la cual son objeto algunos prestadores del sector de la salud con relación a otras entidades; que se les otorgue un bono por el IVA que no puede compensar a fin de que lo utilice para el pago de otras cargas fiscales o se permita la transferencia de dicho IVA a terceros; se dicte una moratoria de características similares al régimen especial establecido por la ley 26283 del año 2007 y que el Estado prorrogue el beneficio al Personal de Salud otorgado por el Decreto 315/2020.
Desde la Federación Bioquímica de la provincia de Buenos Aires, alertaron que “la presentación relata claramente la situación del sector salud en el cual estamos incluidos; más del 70% de nuestros insumos son importados, así como toda la tecnología que es necesaria en los laboratorios, por lo que el impacto de la devaluación ha sido muy importante, concomitantemente con la inflación que padece nuestra economía”.
En esta misma línea, añadieron que “en este escenario los aranceles fueron postergados por casi todos los financiadores de la seguridad social y gran cantidad de laboratorios no recibieron en parte o en su totalidad los ATP previstos. Como contrapartida los laboratorios mantuvieron normalmente la atención durante esta larga cuarentena”.
Por último, desde FABA, concluyeron que “hoy comienza a aparecer la demanda contenida y los laboratorios no disponen de los recursos para hacer frente a todos los compromisos, con ingresos que sufren un atraso superior al 60% de sus valores históricos. Es necesario implementar medidas que apunten al sostenimiento de nuestro sector en forma urgente”.
Las entidades y cámaras que elevaron la carta a los funcionarios nacionales, remarcaron que en caso de que NO se hagan efectivos estos pedidos, no podrán cumplir con los acuerdos paritarios firmados con anterioridad, como así tampoco con los nuevos acuerdos, incluyendo la revisión estipulada para marzo 2021; y alertaron que se pondrán en riesgo las fuentes de trabajo, en un sector que siempre se caracterizó por fomentar el empleo registrado.
Le presentación fue firmada por los representantes de ADECRA (Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados de la República Argentina); CEDIM (Cámara de Entidades de Diagnóstico y Tratamiento
Ambulatorio); CEPSAL (Cámara de Entidades Prestadoras de Salud); CONFECLISA (Confederación Argentina de clínicas Sanatorios y Hospitales Privados); CADIME (Cámara de Instituciones de Diagnóstico Médico); AAEG
(Asociación Argentina de Establecimientos Geriátricos); CACEP (Cámara Argentina de Clínicas y Establecimientos Psiquiátricos) y FEM (Federación de Cámaras de Emergencias Médicas y Medicina Domiciliaria)