En este marco, Greenpeace denunció que las declaraciones públicas del presidente de la Sociedad Rural Argentina, Daniel Pelegrina, manifestando su preocupación por el avance en el Congreso Nacional de la Ley de Humedales y de modificaciones a la Ley de Bosques para hacerla más restrictiva, buscan frenar la posibilidad de proteger estos valiosos ecosistemas y castigar a los responsables de su destrucción.
“Repudiamos que la Sociedad Rural esté presionando para que el Congreso no sancione la Ley de Humedales y para que no se penalicen incendios y desmontes”, declaró Leonel Mingo, coordinador de Campañas de Greenpeace.
“El sector agropecuario es uno de los principales responsables de arrasar humedales y bosques, mediante el fuego o las topadoras. No podemos perder ni una hectárea más”, recordó Mingo.
En agosto del año pasado, Greenpeace denunció la responsabilidad del sector ganadero en la destrucción de los bosques nativos, con una intervención en la inauguración de la Exposición Rural con la leyenda “Ganaderos: Basta de desmontes. Destruir bosques es un crimen”.
De acuerdo a los datos del Servicio Nacional de Manejo del Fuego, el 95% de los incendios forestales son producidos por intervenciones humanas; esto incluye la preparación de áreas de pastoreo con fuego; fogatas y colillas de cigarrillos mal apagadas y el abandono de tierras. Por otra parte, factores climáticos como la falta de precipitaciones, las temperaturas elevadas, el bajo porcentaje de humedad, las heladas constantes y los vientos fuertes inciden en la propagación de los fuegos.
Para la organización ambientalista las medidas para controlar el fuego son insuficientes y deben ser ampliados los fondos e infraestructura para la prevención y lucha contra incendios.
Entre Ríos es la provincia más afectada por los incendios en el Delta del Paraná. En lo que va del año, en el Delta se registraron 33.963 focos de incendios, que afectaron más de 200.000 hectáreas.
“Esto deja en evidencia que necesitamos de manera urgente la sanción de una Ley de Humedales que incluya la realización de un inventario nacional; una moratoria que impida actividades hasta que el inventario sea finalizado y la inclusión de la figura de delito penal para quienes destruyan humedales y bosques ”, agregó Mingo. “La oposición de la Sociedad Rural no debe frenar la sanción de leyes en defensa de los bienes comunes”. (InfoGEI)