El Gobierno bonaerense detectó que empresas distribuidoras de energía eléctrica que operan en la provincia de Buenos Aires fueron autorizadas a realizar aumentos tarifarios injustificados que no se acompañaron de inversiones en los últimos años, mientras que solo se realizaron el 3% de las auditorías que corresponden por ley sobre esas compañías. 
Según pudo averiguar DIB, así se desprende de un informe que realizó la Subsecretaría de Energía del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos sobre las subas de tarifas y las inversiones durante el periodo 2016-2019, cuando gobernaba en territorio bonaerense María Eugenia Vidal.
Desde la Provincia señalan que en esos años no se establecieron los controles que se instituyen en la normativa, ya que solo se hicieron el 3% de las auditorías técnicas reglamentarias y el 10% de las comerciales correspondientes.
Desde el Gobierno advierten incluso sobre errores en los informes aprobados en esos cuatro años en relación al nivel de inversiones que presentaron las empresas, que tuvieron un importante crecimiento patrimonial. En rigor, las cuatro distribuidoras de Energía Eléctrica aumentaron sus ganancias entre 498% y 644% en el periodo que va de 2015 a 2018.
Los aumentos, sumados a la quita de subsidios a nivel nacional, oscilaron en promedio entre 2.000% y 3.500% en apenas tres años en las facturas finales de los consumidores, pero pese a eso, ese incremento no se trasladó a las inversiones.
Así, según el informe, los mayores resultados, lejos de destinarse a mejoras en la red se vieron reflejados en el crecimiento sustancial de los dividendos distribuidos, los cuales entre 2016 y 2019 acumularon un monto de 309 millones de dólares.
Cabe recordar que el Gobierno bonaerense estableció el mes pasado la prórroga del congelamiento tarifario en la provincia hasta fin de año.
La respuesta de las empresas
Desde el grupo DESA, la empresa que posee la concesión de las cuatro principales distribuidoras de electricidad de la provincia de Buenos Aires, se defendieron y aseguraron que “en promedio todas las empresas estuvieron casi un 40% por debajo del comprometido”, y afirmaron que ello se debió al “atraso en los ajustes sumado la imposibilidad de financiar las mismas en un mercado que no era el que se pensó al inicio de la RTI”.
“Las menores inversiones se compensan contra los mayores costos que debió enfrentar la concesión producto de los desfasajes en los cuadros tarifario”, argumentaron.
Asimismo, respecto a las tarifas señalaron que “entre diciembre de 2019 y diciembre de 2015 el VAD promedio en una factura de un usuario Residencial de 250 kWhmes se incrementó en un 525% mientras que el costo de la energía para reducir los subsidios en el mismo plazo se incrementó en un 2500%”. Y añadieron: “El desfasaje temporal entre el pago de la energía a CAMMESA y la recuperación de esos costos por el cobro de las facturas de los usuarios, con las medidas cautelares afectó el capital de trabajo de las empresas y afectó los planes de inversiones”.
Asimismo, señalaron que respecto a la calidad del servicio “se observa la mejora sustancial en los índices de frecuencia y duración de las interrupciones de servicio en el período considerado”. (DIB)