El Senado bonaerense sancionó sus primeras leyes bajo la modalidad de sesión mixta para dar luz verde a la emergencia sanitaria en los geriátricos de gestión pública y privada y al proyecto que suspende los desalojos. 
La emergencia en geriátricos propone un proceso de empadronamiento, relevamiento y fiscalización de los establecimientos tanto públicos como privados para avanzar en un proceso de regularización para todos aquellos que no cuenten con la habilitación correspondiente.
El senador del Frente de Todos, Gustavo Traverso, destacó el acuerdo arribado entre las bancadas para que la iniciativa se apruebe por unanimidad y explicó que en el tema de los geriátricos “la provincia tiene un desorden y hay que darle un orden”.
«Los derechos de los adultos mayores se fueron consagrando con distintas acciones del estado como la creación del Pami, lo que hoy es el Anses, pero de 1976 en adelante el neoliberalismo empezó a destruir esos derechos desfinanciando las cajas, por ejemplo», agregó el legislador de la Cuarta.
En tanto, el senador de Juntos por el Cambio, Agustín Maspoli destacó que el Poder Ejecutivo “preste atención a un tema que trasciende la pandemia que estamos viviendo”.
“La ley establece un proceso de empadronamiento porque en todas nuestras ciudades funcionan estos establecimientos muchas veces de forma muy precaria y sin la habilitación provincial correspondiente, por eso es necesaria la intervención del estado provincial», graficó Maspoli.
Durante ese proceso el Ministerio de Salud podrá otorgar un permiso excepcional, precario y transitorio, siempre y cuando las residencias cumplan con una batería de requisitos mínimos sobre cantidad de camas, distanciamiento, higiene, y recursos humanos. Asimismo, se restringen las clausuras.
En cuanto al texto que frena las ejecuciones hipotecarias, judiciales o extrajudiciales y los desalojos regirá hasta el 30 de septiembre de este año para las viviendas únicas, habitaciones destinadas a vivienda familiar, inmuebles destinados a actividades culturales y comunitarias, alquilados por Pymes o cooperativas.
Tal como lo establece el decreto presidencial 320/2020 se contempla como excepción a los locadores que dependan del canon para cubrir sus necesidades básicas. En el caso de los lanzamientos que afecten a 5 o más familias el plazo de suspensión se extenderá por 90 días.(D.B)