El largo sendero al costado de boulevard 17, fue construido por la Municipalidad de Colón y es utilizado cada jornada por decenas de colonenses para caminar con el objetivo de mantener su estado físico o por recomendación de los médicos para aminorar el impacto de alguna enfermedad (diabetes etc). Sorprendió, en las últimas semanas que el pasto crecido sobre el asfalto haya sido “quemado” de manera tan efectiva y como si el “fumigador” tuviera una larga regla para marcar el sector que debía arrojar el herbicida.(ver foto)
HP
La sospecha que existe es que el propio Municipio de Colón haya usado para fumigar una sustancia cancerígena como el Glifosato. La pregunta es ¿Qué sustancia se utilizó?. Es hora que algunos Concejales utilicen sus bancas para lo que fueron elegidos por el voto popular y no como una simple escribanía del Poder Ejecutivo (el oficialismo) y la oposición, algunos ediles como una pasantía y otros u otras esperando un “puesto” después de las elecciones. Todavía se puede determinar con un simple análisis de tierra o el pasto quemado que se utilizó.
El glifosato y los fallos
La Corte Suprema de Buenos Aires falló en 2012 y prohibió fumigar a menos de 1000 metros de las viviendas. Fue una sentencia que protegió a María Cristina Monsalvo y Víctor Fernández (de la localidad de Alberti), que sufrían las aspersiones con glifosato, atrazina y cirpermetrina de un campo de soja vecino. El máximo tribunal de Buenos Aires citó el principio precautorio vigente en la ley: ante la posibilidad de perjuicio ambiental es necesario tomar medidas protectoras.
En Argentina existen más de cien trabajos científicos de universidades públicas (Río Cuarto, La Plata, el Litoral, UBA y Rosario, entre otras) que dan cuenta de las consecuencias de los agrotóxicos en poblaciones.
Lucas Landívar y Juan Ignacio Pereyra son parte del colectivo Abogados de Pueblos Fumigados, espacio nacido de las comunidades afectadas por la consecuencias de la agricultura química. Afirmaron que el proyecto de ley es “inconstitucional” porque desoye legislaciones que protegen la salud y el ambiente, y explicaron que es un proyecto “regresivo” (reduce protecciones ambientales que ya están vigente en leyes anteriores). “Eso solo hecho ya confirma la inconstitucionalidad”, aseguraron los abogados y resaltaron que tampoco hubo audiencias públicas como establece la normativa vigente.
González, de la Asamblea de Pergamino, no tiene dudas: “El proyecto de ley tiene como única meta proteger los intereses empresariales del agronegocios”.