Un emblemático club de barrio, que supo tener grandes momentos de éxito y esplendor, se encuentra sumergido en una profunda crisis que atenta contra su futuro. Deudas, altas tarifas, cada vez menos socios y el fantasma de las privatizaciones. Ese es el argumento principal de la película Luna de Avellaneda, de Juan José Campanella, pero podría trasladarse tranquilamente a la realidad de numerosas instituciones barriales de la provincia de Buenos Aires. 
De hecho, y sobre todo en los últimos cuatro años, representantes de estas entidades manifestaron la crisis por la que están pasando. ¿Las principales causas? Los tarifazos en los servicios públicos que ordenó el por entonces presidente Mauricio Macri y la burocratización para que los clubes puedan regularizar sus documentaciones ante el Estado.
Al menos así lo manifestaron tanto el integrante de la Unión de Clubes de Barrio, Diego Indycki, como el presidente del Observatorio Social y Económico de Clubes de Barrio y Afines, Cristian Font.
Pero esta problemática no se queda ahí. De hecho, ambos dirigentes coincidieron en que la gestión actual tiene voluntad de avanzar con respuestas, pero que a dos meses de la asuncón aún no se materializó ninguna.
“Hoy, el 75% de los clubes de barrio en Buenos Aires no tiene la documentación al día y ese es nuestro principal problema porque cualquier moratoria a la que podríamos entrar, recibir subsidios, o avance para resolver algunos temas requieren que primero resolvamos las cuestiones de papeles y ahí necesitamos el respaldo del Estado”, comentó Indycki.
La propuesta va un poco más allá. En una reunión con la ministra de Desarrollo de la Comunidad, Fernanda Raverta, le plantearon “la necesidad de tener una amnistía administrativa” que les permita comenzar de cero y regularizar la situación de las miles de instituciones que funcionan en en territorio bonaerense.
“En Maipú, por ejemplo, hay 15 clubes y sólo uno tiene los papeles en regla. Había voluntad de regularizar a todos pero tenían que hacer 200 kilómetros hasta La Plata porque en esa ciudad no tienen oficinas de personería jurídica. Hay que sumar también los altos costos que sale el trámite”, ejemplificó Indicky, que también participa de la administración de un club en Quilmes.
Por su parte, Font describió parte de esta situación como “una crisis que debe resolverse de manera urgente”. “Esperamos el cambio de gobierno con mucha expectativa. Por una simple razón: porque lo que nos proponía el gobierno anterior era la llegada de la sociedades anónimas deportivas en detrimento del modelo asociativo y solidario que rige en nuestros clubes. Pero más allá de la buena predisposición, del diálogo y las convocatorias, la realidad de los clubes de barrio no ha cambiado y hasta hoy no tenemos políticas concretas”, se lamentó.
“Nos siguen cortando los servicios, siguen llegando las facturas imposibles de pagar, cada vez es más difícil de tener los papeles al día. Entonces lo que estamos viendo es que hay una paralización del Estado. No hay presupuesto para nada, y todo está atado a la renegociación de la deuda. Se ataca la crisis a través de la alimentación, pero la crisis en el deporte son los clubes”, agregó Font.
Por su parte, desde la Unión Nacional de Clubes de Barrio se encargaron de aclarar también que están al tanto de la crisis social y económica que atraviesa el país: “Entendemos que hay otras prioridades como luchar contra el hambre, renegociar la deuda y recuperar el empleo y el consumo, pero los clubes de barrio también servimos muchas veces como sontén de la sociedad”.
Mientras tanto las entidades esperan la reglamentación de la ley 27.098, de régimen de promoción de los clubes de barrio y de pueblo, sancionada a fines de 2014.
Esta norma nacional tiene como objetivo fortalecer el desarrollo de las instituciones deportivas, sociales y culturales que trabajan por la inclusión social e integración colectiva dentro de una comunidad, a través de la asistencia y el apoyo del Estado. Una iniciativa que también reclaman que se ponga en marcha.(La Tecla)