El comunicado expresa que Santiago ha sido “víctima de desaparición forzada desde el 1 de agosto de 2017 en la Provincia del Chubut, Argentina”, lo que implica “un delito que comienza con la privación de la libertad de Santiago por personas del Estado (Gendarmería), seguida de la falta de información de su paradero y la negativa a reconocer su privación de la libertad por parte de las autoridades”.
Luego señalan que “la desaparición forzada es un delito que sólo lo comete el Estado”, y en forma continua, ya que todos los días se comete “desaparición forzada hasta que aparezca Santiago”, y por eso “la causa penal no puede archivarse hasta que se encuentre a Santiago, se esclarezcan las circunstancias de su desaparición, se identifiquen a los responsables materiales y a los autores intelectuales, y se determinen las responsabilidades penales, administrativas y políticas”.
Además reafirman el derecho a que “no se presuma el fallecimiento de Santiago” por lo que exigen que las autoridades respeten ese derecho.
En otros de los párrafos del comunicado, aseguran que hasta la fecha “la única hipótesis sustentada en elementos objetivos es la desaparición forzada”, y que por ser un delito de Estado “la carga de la prueba se invierte y debe el Estado corroborar que tal hipótesis es falsa para recién luego avanzar en otras hipótesis”.
En tal sentido, al despejar todas las dudas sobre la hipótesis mayor “se llegará a cualquiera menor. Por el contrario el paso del tiempo garantiza la impunidad”, y a su vez ésta “garantiza la repetición de los hechos, como los de Iván Eladio Torres Millacura, Sergio Avalos, Julio López, Luciano Arruga, Facundo Rivera, Daniel Solano, César Monsalvez, entre otros”.
Más adelante el comunicado expresa que la familia y la sociedad tienen el derecho absoluto a conocer la verdad, y en tal sentido, exigen a las autoridades judiciales y políticas, que se tomen todas las medidas a fin de garantizar: La inmediata aparición con vida de Santiago; Se inicie una investigación imparcial, seria, eficaz y pronta que establezcan las circunstancias de la desaparición de Santiago y a los responsables materiales e intelectuales y determinen las responsabilidades penales, administrativas y políticas; Se requiera la colaboración del Defensor ante el Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, Dr. Mario Coriolano a fin que se conforme un equipo de investigación a cargo del especialista en derecho penal y procesal, Dr. Alejandro Mejías Fonrouge,
Por otro lado, el comunicado indica que se garantice a la familia “la participación activa en la investigación y su control”, así como “la seguridad física y psicológica a los familiares, amigos y a todas las personas que colaboran con la investigación en calidad de testigos”.
Es tanto que a los medios de comunicación la familia Maldonado les solicita “que asuman un rol responsable frente a este hecho que impacta en las bases del Estado de Derecho; requieran la información a las autoridades del Gobierno Federal y Provinciales; sean respetuosos con Santiago y nuestra familia evitando todo tipo de hostigamiento”.
Por último, “a los organismos de derechos humanos, sindicales, sociales y a todas las personas que nos han acompañado desde el inicio nuestro más profundo agradecimiento y les solicitamos que acompañen este documento”, finaliza el pronunciamiento de la familia Maldonado. (InfoGEI)