La información publicada en el diario La Capital de hoy, sostiene que el gobierno santafesino, a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, denunció irregularidades en la venta de inmuebles en Venado Tuerto, San Eduardo, Maggiolo.
Así el Registro General de la Propiedad detectó operaciones inmobiliarias concretadas con documentos apócrifos con el presunto objetivo de quedarse con campos y propiedades. Se estima que la estafa rondaría los 200 millones de pesos.
La semana pasada, el subsecretario de Asuntos Registrales, Matías Figueroa Escauriza, presentó dos denuncias ante el Ministerio Público de la Acusación (MPA). Dentro de la órbita de la subsecretaría que encabeza el funcionario se encuentra el Registro General de la Propiedad, área provincial encargada de garantizar la seguridad jurídica de los inmuebles, entre otras tareas, que fue donde se detectó esta maniobra fraudulenta.
El procedimiento utilizado puso en alerta a los funcionarios y comenzó una tarea investigativa en la administración provincial que arrojó sus frutos. “A través de un documento apócrifo, en el cual el dueño original de la propiedad autorizaba a un tercero a venderla, se hacía la transacción. En esta ocasión, empleados del Registro de la Propiedad detectaron algunas irregularidades en torno a los documentos presentados, y por eso no dudamos en denunciar este hecho y ahora será el MPA quien deberá investigar esta situación“, explicó Figueroa Escauriza.
En la denuncia presentada, el funcionario provincial argumentó que “se habrían llevado a cabo conductas que afectarían a la administración pública, a la fe pública registral, al derecho de propiedad y al orden socioeconómico”.
En dicha acusación hecha por el Ejecutivo no se formuló ninguna imputación, entendiendo que el MPA deberá ser quien determine o individualice a los autores, coautores, partícipes y/o encubridores de los hechos advertidos.
“El gobernador Miguel Lifschitz nos ha encomendado la tarea de resguardar la seguridad jurídica de los inmuebles de todos los santafesinos”, dijo el funcionario.
En rigor, estas reparticiones provinciales colaboraron activamente con las investigaciones llevadas adelante por el MPA.
Conjuntamente, el subsecretario de Asuntos Registrales destacó que el trabajo lo llevaron adelante los empleados del Registro de la Propiedad, que actuaron tras la presentación de un escrito por parte de la abogada de uno de los damnificados.
Eso fue lo que inició una profunda tarea investigativa que involucró el análisis de diversas documentaciones, que habrían perseguido el fin de concretar la presunta estafa.
“Hay que destacar el proceso de modernización y digitalización que venimos llevando adelante en el área, lo que nos permitió poder conseguir rápidamente la información y realizar las investigaciones administrativas que nos corresponden como funcionarios públicos, de las que surgieron varios episodios y maniobras similares, vinculados con distintas propiedades, todas en el sur de la provincia”, remarcó.
En este caso, las propiedades involucradas son tres lotes de terreno de campo ubicados en las localidades de San Eduardo, Maggiolo y Venado Tuerto, y seis inmuebles ubicados en Venado Tuerto, dentro del departamento General López.
Por último, Figueroa Escauriza aseguró que acompañó la denuncia presentada en Fiscalía con las copias de todos los legajos presuntamente falsificados, para que sean examinados. El funcionario solicitó al MPA que determinen las responsabilidades penales que puedan caber.