El paisaje bucólico y apacible de algunos pueblos de nuestro país suele verse, cada tanto, alterado por hechos que conmueven a sus habitantes. «Acá nos conocemos todos» es una frase repetida, y es la misma que expresó Maximiliano Pansú al ser consultado sobre su grave denuncia contra un funcionario municipal de Rojas, distrito en el que reside hace ocho años.
Se trata de Miguel Núñez, secretario de Seguridad del distrito que conduce el radical Claudio Rossi. La acusación, que se fundamenta en documentos presuntamente oficiales, está referida a antecedentes judiciales del funcionario por delitos como torturas, apremios ilegales y lesiones graves agravadas. Algo que Núñez desmiente, apuntando a una intencionalidad política y a la inminencia de la campaña electoral.
El denunciante buceó en los antecedentes de Núñez, asegurando que tenía una condena por los mencionados delitos. Reafirma que Núñez es un exefectivo de la Policía de la provincia de Buenos Aires, que habría sido apartado de la fuerza por actitudes violentas en 1993, cuando ostentaba el rango de Sargento primero. En un documento que circula en Rojas, el presunto expediente de la Bonaerense indica como causa de su salida el ítem ´nulo´”.
Además, el propio Pansú hizo público un documento, con el Nº 56491/03,que sería de la Cámara Criminal de la Primera Circunscripción y el Tribunal Superior de la Provincia de Santa Cruz, en el que asegura rotundamente que Miguel Angel Núñez «registra antecedentes penales», especificando que la causa está caratulada como Apremios Ilegales, Torturas y Lesiones Graves Agravadas».
El expolicía sostiene que su paso por Santa Cruz estuvo vinculado al Poder Judicial, y aporta el correspondiente Certificado Nacional de Reincidencia, en el que arroja un resultado negativo en cuanto a sus antecedentes penales.
En el distrito existe estupor ante la denuncia. Algunos se preguntan si el alcalde estaba al tanto de los presuntos antecedentes de Núñez al designarlo, y le exigen claridad.
Es que una condena por este tipo de actos podría ser causal para no poder ocupar cargos públicos, invocando la “inhabilidad moral” del postulante. Esto fue denunciado por el vecino rojense en la Unidad Fiscal de Instrucción Nº 5 de Junín, a cargo de Sergio Manuel Terrón.
El denunciado aseguró a este medio que “desde hace un tiempo vengo siendo objeto de una brutal e injustificada campaña de desprestigio, en la que he sido calumniado e injuriado, llegándose al extremo, por ejemplo, de crear un documento falso con antecedentes falsos, o imputarme la comisión de hechos ilícitos inexistentes.”
Por su parte, Pansú dijo que “Núñez tiene un hábeas data, que lo protege” (derecho de una persona física o jurídica para solicitar y obtener la información existente sobre su persona, y de solicitar su eliminación o corrección).
También está en una nebulosa el supuesto antecedente de Núñez desde el punto de vista legal. Mientras el funcionario señaló que “no registro antecedentes penales de ninguna naturaleza, y no tardará en quedar clara la diferencia con el documento apócrifo que hicieron circular”, los denunciantes insisten con el tema de su pasado.
El denunciante señala que “terminó preso por torturas y apremios”, manfifestando que “en Santa Cruz cumplió condena firme por seis años. Pero como la condena es de 2003, no aparece en el Registro Nacional de Reincidencia, porque el convenio con Santa Cruz se firmó en 2017. “Por eso vamos a pedirlo a la Cámara Nacionalde Apelaciones santacruceña”, insisten. Desde el Registro sostienen que nada tiene que ver el convenio, y que sólo un juez, un fiscal o la Policía pueden solicitar dichos antecedentes penales.(La Tecla)