La Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa), comercializadora nacional de energía eléctrica, reclamó, y continúa en esa tónica, el pago de las deudas que mantienen empresas distribuidoras y cooperativas de todo el país, entre ellas seis de la provincia de Buenos Aires, situación que podría complicar el suministro de energía en poblaciones enteras.
El total de lo adeudado por las empresas y cooperativas eléctricas asciende aproximadamente a 19.000 millones de pesos, mientras que las bonaerenses acumulan una deuda total que supera los 600 millones de pesos.
La más comprometida es la Cooperativa Eléctrica, de Crédito y Vivienda y Otros Servicios (Cevige) de Villa Gesell, que presta el servicio en esa ciudad costera y en las cercanas Mar de las Pampas, Las Gaviotas y Mar Azul, con una deuda de 273 millones de pesos, y que comenzará a ser sancionada con cortes. Esto es, se le reducirá el 10 por ciento del suministro por ser distribuidora morosa.
En la misma situación se encuentran la de Zárate, con 170 millones de pesos de deuda; la Usina Popular “Sebastián De María” de Necochea (66 millones); la Cooperativa de Obras y Servicios Públicos y Servicios Sociales de Tres Arroyos (Celta), con 53 millones; Coopelectric, de Olavarría, con 40 millones y la Cooperativa Eléctrica de Azul, con casi 13 millones de pesos de pasivo. Ninguna de ellas, por ahora, con pedido de corte de suministro.
En este marco, desde el sector de las cooperativas responsabilizan al gobierno nacional por la situación, ya que, según el presidente de Celta, de Tres Arroyos, Nicolás Ambrosius, además de tarifazos hay desprolijidad: “Las deudas se originan porque la Nación aplica aumentos en las tarifas y la provincia tarda en convalidarlos, entonces pagamos mucho más cara la energía y no podemos trasladar los costos a los usuarios”, describió.
En este sentido, Ambrosius señaló que con la polémica medida tomada en febrero, habilitando una actualización por inflación de una parte de la tarifa eléctrica bonaerense, el costo económico fue inmediato: “Recién vamos a recuperar esa deuda en el tiempo. Por eso se generan los desfasajes”, explicó.
Y se quejó: “Es claro que se producen injusticias. A Edenor y Edesur el gobierno nacional les perdonó 3.000 millones de pesos, y a nosotros nos sacan en el diario”.
En ese marco, parte de la distribución de energía en la provincia de Buenos Aires es controlada por Edelap, Edén, Edea y Edes, propiedad del empresario que responde a la alianza Cambiemos Rogelio Pagano.
Pagano fue socio de Marcelo Mindlín (uno de los favoritos del presidente Mauricio Macri), quien controla Edenor, empresa que brinda el servicio en la mitad de la geografía porteña y el Gran Buenos Aires, junto con Edesur –que toma la otra porción– propiedad de Nicolás “Nicky” Caputo, amigo y otrora socio del jefe del Estado
Juego de pinzas
En paralelo al reclamo por deudas de Cammesa, el gobierno nacional comenzó a intimar a las cooperativas eléctricas que no cumplan con separar de la facturación del servicio otras prestaciones que también llegan a sus clientes y usuarios.
A partir de una resolución del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes) y de una investigación realizada por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) –luego respaldada por una resolución de la Secretaría de Comercio Interior–, las facturas que emitan las cooperativas prestadoras de energía eléctrica deberán facturar este servicio de manera autónoma e independiente de otros conceptos, “para evitar posibles prácticas anticompetitivas”, según informó el <Portal de las Cooperativas<.
El propio Macri se suma a los reclamos a las cooperativas mediante polémicos tuits donde califica de “agregados escandalosos”, “abuso injustificable” y de “terminar con estas avivadas” al referirse a las prestaciones que los asociados/usuarios gestionan en forma cooperativa en cientos de pueblos y ciudades.
En ese marco, la Confederación Argentina Interfederativa de Cooperativas de Electricidad y Otros Servicios Públicos (Conaice) puso el límite: “Sentimos que las empresas cooperativas no son merecedoras de los conceptos descalificadores vertidos en las redes sociales, que no se dimensiona adecuadamente ni su naturaleza jurídica ni el rol que desempeñan cubriendo servicios esenciales que contribuyen a fortalecer el tejido social de las comunidades del interior profundo, sino porque también hemos sobrevivido (y acompañando como «colchón» a nuestras comunidades a las cuales pertenecemos) a todas las crisis que sufrió el país, porque tenemos sensibilidad social y el capital más valioso: nuestra gente”.
Por caso, en Santa Fe funcionan 55 cooperativas eléctricas, las cuales con esta decisión deberán facturar por separado los servicios adicionales.
En sintonía con el reclamo de las cooperativas eléctricas, en recientes declaraciones a >ElCiudadano> el secretario General del Sindicato Luz y Fuerza de Rosario, Alberto Botto, disparó fuertes cuestionamientos al gobierno nacional, y remarcó que muchas de las cooperativas distribuidoras “están al borde del colapso”.
“Nosotros estamos tratando de proteger que se continúe con el plan de inversiones. Si uno compara lo que sucede entre Santa Fe y Capital Federal, es el día y la noche. No nos enteramos del mal servicio que dan, por el blindaje mediático que tienen. El camino acá es continuar con la inversión y dar el servicio que la población requiere. La EPE es la distribuidora más importante del interior del país, y hay una intención de magnificar el tema de los cortes y poner a la población en contra de la empresa para que se genere la posibilidad de un intento privatizador. No es descabellado con un gobierno de modelo neoliberal”, acusó, contundente.(El Ciudadano)