Intendentes del interior de la provincia de Buenos Aires harán una presentación en los próximos días para que la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, cumpla su promesa de quitar los impuestos de la boleta de luz, de acuerdo a una ley sancionada por la Legislatura en mayo de 2018.
Se trata de la ley 15.031 que modificó el artículo 75 de la ley 11.769 y redujo a cero la contribución que las distribuidoras eléctricas abonan a los municipios y que estaban presentes como cargo final en las facturas a pagar por parte de los contribuyentes. Antes -todavía lo es- ese ítem era del 6%.
La ley sancionada otorgó un plazo de 60 días al gobierno provincial para que reglamente la forma en que se instrumentara el procedimiento de quita. Sin embargo, eso no ocurrió. Según se pudo saber , existe un borrador de un proyecto de reglamentación que está en danza entre diferentes pasillos de la Secretaría de Servicios Públicos.
Mientras tanto, los intendentes, en especial del interior bonaerense, están molestos. A cambio de esa eliminación, los jefes comunales tuvieron luz libre para avanzar con el cobro para las distribuidoras de las tasas por ocupación del espacio aéreo –por tendido de cable- y seguridad e higiene. Las firmas estaban exentas de ese pago debido al 6% con cargo al usuario. No obstante, la medida que quedó suspendida.
Las compañías recibieron una carta por parte del Organismo de Control de la Energía Eléctrica de la provincia de Buenos Aires (OCEBA) en la que se les indicó que la ley no estaba “operativa” hasta tanto haya reglamentación.
Los alcaldes no pierden recursos porque aún siguen percibiendo ese 6% de las tarifas, que Vidal había anunciado que se sacaría. Sin embargo, los contribuyentes aún pagan ese cargo en sus boletas, una medida que los alcaldes creen que no corresponde.
“La ley no establece fecha de entrada en vigencia, por lo tanto al octavo día de su publicación en el Boletín Oficial, no hay acto del Poder Ejecutivo que pueda suspender la vigencia de una ley”, manifestó Marcelo Santillán, intendente Adolfo Gonzáles Cháves
Y en ese sentido agregó: “Para que una ley deje de estar operativo debe seguir el mecanismo correspondiente que es pedir a la Legislatura la suspensión de esa ley por determinado tiempo. En modo alguno lo puede hacer la gobernadora o el OCEBA”.(LA TECLA)