El intendente de la localidad pampeana de Lonquimay, Luis Rogers, quien afirmó que los cabarets con «lugares de contención», comenzará a ser juzgado el lunes en Santa Rosa acusado de trata de personas, ya que habría permitido el funcionamiento de un prostíbulo donde se explotaba sexualmente a las mujeres.
Fuentes judiciales informaron a Télam que se trata de la primera vez que un jefe comunal es juzgado por este delito y que el debate estará a cargo del Tribunal Oral Federal de La Pampa, que escuchará la declaración de unos 35 testigos.
Rogers, dirigente del Partido Justicialista (PJ), llega a juicio en libertad y cumpliendo su tercer mandato como jefe comunal de Lonquimay, localidad de sólo 1.749 habitantes y distante 65 kilómetros de Santa Rosa.
En 2009, el intendente no sólo defendió el funcionamiento del prostíbulo «Good Night» en su pueblo y se negó a cerrarlo, sino que generó polémica porque afirmó: «El cabaret es un lugar de esparcimiento para los jóvenes y camioneros».
«Es un lugar de contención, mucha gente que está sola, lejos de sus domicilios, busca pasar un rato de esparcimiento», sostuvo Rogers, que fue denunciado por el Instituto Nacional contra la Discriminación (INADI) y la secretaría de Derechos Humanos de la provincia.
Además, según se dio por acreditado en la investigación, fue el encargado de otorgar la habilitación del prostíbulo bajo el rubro «servicios de salones de baile» y de firmar las libretas sanitarias de las mujeres prostituidas, cuyos exámenes incluían estudios ginecológicos y de HIV.
Según informó la página de la Procuración General de la Nación, además de Rogers, será juzgados el ex subcomisario Carlos Alaniz, acusado de permitir el funcionamiento del lugar y conocer la situación de las mujeres que allí estaban.
También se sentarán en el banquillo de los acusados Eduardo Mauricio Fernández, señalado como dueño del local nocturno, y Carlos Eduardo Fernández y Brian Martín Saxs, quienes se habrían desempeñado como encargados.
De acuerdo a dichos de las víctimas, el intendente, el policía y el propietario del cabaret tenían una relación fluida, lo cual también está documentado a través de las comunicaciones telefónicas acreditadas en el expediente.
La instrucción de la causa estuvo a cargo del fiscal Juan Baric, con la colaboración de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex) de Marcelo Colombo, en tanto que el debate oral intervendrá el fiscal Jorge Bonvehi.
La causa se inició el 4 de julio de 2009, cuando se intervino el teléfono de Carlos Fernández por presuntas irregularidades en «Good Night» y se establecieron sus vínculos con el intendente y el subcomisario.
El 12 de septiembre del mismo año, un hombre oriundo de Santiago del Estero denunció que su novia era retenida por el dueño de ese cabaret, luego de que viajara a raíz de una oferta laboral, y que no le permitía irse del allí por mantener una supuesta deuda.
Posteriormente, la mujer logró salir del lugar y declaró que debió dejarle sus pertenencias al propietario, ya que le «debía» dinero por gastos de comida y elementos de higiene y que cuando estuvo enferma no le permitieron recibir asistencia médica ni medicamentos.
Otra denuncia la efectuó una mujer policía, que detalló los vínculos entre los imputados, y la propia viceintendente de Lonquimay en 2009, Neli Haydeé Penzotti, quien aseguró que Fernández concurrió a una sesión del Concejo Deliberante en cuyo transcurso debía decidirse la renovación de la habilitación de «Good Night» para defender la existencia del prostíbulo.
Finalmente, el lugar fue allanado y se pudo constatar la presencia de tres mujeres salteñas que dijeron trabajar en el lugar, y un cuaderno donde estaban anotados las «copas» y los «pases» que realizaban.
A partir de la declaración de otras víctimas, se determinó que Fernández captaba a mujeres en situación de vulnerabilidad para luego explotarlas sexualmente en el prostíbulo y las obligaba a entregar el 50% del dinero que recibían.
Lo más complicado en la causa fue lograr el llamado a indagatoria del intendente y del subcomisario ya que, pese a que los fiscales Baric y Colombo se la solicitaron en reiteradas oportunidades al juez Marcelo Piazza debido a la gran cantidad de pruebas recolectadas, el magistrado se negaba. Fue finalmente la jueza Iara Silvestre quien los convocó y luego dictó su procesamiento.