Los dos policías acusados por la Fiscalía de Melincué de ser los autores del horrendo crimen del suboficial Leandro Delgado, ocurrido el 23 de octubre de 2015 en la localidad de Miguel Torres, recuperaron la libertad tras cumplirse el plazo procesal de tres años y al haberse cometido gruesos errores y desprolijidades por parte de la Oficina de Gestión Judicial, según aseguró el fiscal Matías Merlo, quién investigó el crimen. El presunto autor material, Ariel Martínez, y el intelectual, el ex comisario Sergio David, gozan de libertad aunque en el caso de éste último es morigerada. En marzo de 2019 podría enjuiciarse a los dos imputados. Para el Colegio de Abogados de Venado Tuerto es «un verdadero escándalo lo que sucedió».
Delgado tenía 27 años, era oriundo de la ciudad de Vera y trabajó durante dos años en la seccional de Chovet antes de recalar en Miguel Torres, un pueblo ubicado a 15 kilómetros, luego de haber pedido un traslado por motivos que en su momento no habían quedado claros.
El viernes 23 de octubre de 2015, alrededor de las 4 de la mañana, mientras realizaba su primera guardia en esa dependencia, fue hallado asesinado en la camioneta Volkswagen Amarok de la comisaría en el tramo de la ruta 14 que une Miguel Torres con Bombal a partir del llamado de un camionero que avisó sobre un móvil policial estacionado sobre la banquina.
Por ese hecho fue detenido y acusado de ser el autor intelectual su ex jefe, el ex comisario Sergio David, junto a Ariel Martínez, acusado por el fiscal Matías Merlo de ser el autor material del crimen.
Para Merlo, el inconveniente más pesado fue que ya en el límite de los plazos no se logró conformar un tribunal para el juicio, atento a que no hay jueces en la circunscripción para integrarlo y tuvieron que apelar a conjueces del foro.
En esta instancia surgió el rechazo de algunos profesionales, pero cuando finalmente una abogada de Rufino aceptó, no se corrió traslado a las partes y no hubo oportunidad de que estas pudieran aprobar o recusar a los magistrados del tribunal.
En tanto, el presidente del Colegio de Abogados de la 3ª Circunscripción Judicial de la provincia de Santa Fe, Alberto Turcato, dijo que «la excarcelación producida de las dos personas imputadas por el asesinato de Delgado es un verdadero escándalo. Desde el Colegio ya habíamos advertido que esto podía suceder por la falta de jueces penales. Tendrían que haber llamado a concurso mucho tiempo antes porque esta situación se veía venir».
Esperar a 2019
Lo concreto y escandaloso es que no habrá juicio este año y se estima que podría realizarse en el mes de marzo del próximo año. Todo para determinar la certeza de la acusación y lograr justicia para el joven agente de policía oriundo del norte de Santa Fe, quien al parecer no quiso ser cómplice de hechos delictivos cometidos o amparados por su jefe policial cuando revistaba en la localidad de Chovet. La víctima fue sacada con engaños de la comisaría, para ser asesinado a puñaladas y murió desangrado.
El fiscal de la causa explicó que «se vencieron los tres años de la prisión preventiva de los imputados, motivo por el cual se les dio la libertad a quien está considerado el autor material del hecho. Luego de las audiencias, las partes acordaron que el juicio se celebre no más allá de marzo del 2019».
«En otra audiencia se analizaron pedidos de nulidad de la defensa sobre diferentes actos procesales por falta de notificación a las partes, integración de un tribunal sin respetar los plazos, por no realizar el sorteo de un conjuez en una audiencia publica. Es por eso que ante esta situación , decidimos esperar a que se cumplan todos los trámites y llegar al juicio donde podremos demostrar sin faltas técnicas la culpabilidad de los imputados, ante un tribunal bien constituido, sin pensar que en un año quede sin efecto por planteo de nulidades», detalló Merlo.
En cuanto al presunto autor intelectual, tenía prisión preventiva hasta el 19 de mayo de 2019, pero la Cámara determinó que su condición no podía superar a la del autor material, motivo por el cual la libertad de este último lo favoreció ya que se debía morigerar con una prisión domiciliaria, pago de fianza previo.
Enojo del fiscal
«Estamos enojados porque en tiempo y forma presentamos la elevación a juicio, pero la Oficina de Gestión Judicial sabía de antemano que tendrían que prever un juicio de estas dimensiones, de suma gravedad, donde hay personal policial involucrado. La acusación consta de 400 fojas y tenemos 150 testigos, todo presentado en tiempo y forma pero por cuestiones ajenas a la Fiscalía, el juicio no se puede realizar», denunció el fiscal Merlo (La Capital)