La familia de Cristian Perno, un ingeniero agrónomo que trabajó cinco años para la multinacional Agroservicios Pampeanos SA, lleva adelante una lucha judicial contra la firma a la cual considera responsable de su muerte.
La relación laboral con la empresa dedicada a la comercialización de semillas, fertilizantes y agroquímicos, que pertenece al grupo canadiense Agrium, inició en 2007. Los trabajos los realizó en Santa Fe y Córdoba. En 2012, a los 37 años, falleció de cáncer en la médula ósea. Al poco tiempo, su familia inició una demanda civil contra la firma al entender que la enfermedad fue generada por los agroquímicos con los que estuvo en contacto.
El 22 de mayo pasado, decidió interponer también acciones penales acusando de homicidio culposo a la empresa porque no proporcionó los elementos de seguridad necesarios para resguardar su salud. En tanto, la semana pasada, Mariana S., su viuda y mamá de su dos hijos, solicitó convertirse en querellante, según pudo saber La Capital de Rosario.
De acuerdo con la causa penal y civil que tramita en el Juzgado Laboral Nº 7, a poco de ingresar en las oficinas que la empresa tiene en Rosario, Perno ocupó el cargo de jefe zonal técnico y fue trasladado a la Estación La California, cerca de la localidad de Las Rosas. Allí, iba a distintos campos para entregar agroquímicos, que a veces debía guardar en su casa; asesoraba a los productores y comprobaba los efectos de la aplicación de los productos.
«Jamás la empleadora proveyó ropa de trabajo adecuada y elementos de seguridad para proteger su salud (barbijos, guantes, ropa especial), atento el manejo y contacto directo —durante muchas horas al día— con los productos», dice la presentación penal.
Según la causa, en mayo de 2010 fue ascendido a gerente y trasladado a Villa María, Córdoba. Allí, pasaba más tiempo dentro de la oficina, a metros de depósitos de agroquímicos. En agosto de ese año comenzó a presentar problemas de salud y luego de estudios se le diagnosticó «mielodisplasia severa con mielosis megariocítica y aumento de blastos». Con ese cuadro, la empresa volvió a trasladarlo a Rosario, adonde comenzó un tratamiento médico que incluyó un trasplante de médula. El 12 de noviembre de 2012, Perno falleció a causa de su afección.
Tras la reciente presentación del abogado de la familia, Bilbao Benítez, contra la firma; el fiscal Walter Jurado solicitó al Juzgado Laboral de la 7ª Nominación las actuaciones para evaluar posibles medidas a tomar. Desde el Ministerio Público de la Acusación consideraron que los cinco años transcurridos desde la muerte hasta la denuncia dificultan recolectar nueva evidencia.
«Existe un nexo causal entre la enfermedad y la orden de alguien de la empresa para que Perno trabajara de ese modo, sin protección», sostuvo Bilbao Benítez, quien detalló que la firma sólo le proporcionó una remera y unos guantes de mota.
Para el letrado, de la investigación penal tiene que surgir quién o quiénes dieron la orden de que se trabajara de ese modo, sin tener en cuenta la salud de la víctima.
«Es necesario que se investigue para que ésto no le ocurra a otras personas», consideró en una entrevista con La Capital. (InfoGEI)