La Federación Agraria Argentina se movilizó a los tribunales de Cañada de Gómez para pedir que se frene el desalojo de los colonos de Bigand. «Venimos siempre acompañando esta resistencia. Creemos que es fundamental que el Estado no mire para otro lado, porque tiene las herramientas para poder defender estas situaciones, a nivel nacional con la ley de agricultura familiar y a nivel provincial con la ley de desalojos», explicó el presidente de la entidad, Omar Príncipe.
El dirigente rural recordó que, en enero de este año, y mediante la instrucción general Nº 1, el fiscal general del Ministerio Público de la Acusación, Jorge Baclini, instruyó suspender las ejecuciones de medidas de restitución provisorias, cuando estuvieran alcanzada por la ley de agricultura familias, a la que Santa Fe adhirió, y por la ley provincial de declaración de emergencia y suspensión de desalojo de predios rurales.
Concretamente, la Federación hace mención al caso de Oscar y Sandra Marinucci, quienes «se encuentran en el Registro Nacional de Agricultura Familiar bajo el número 000191-20-80, y en el Registro Personal de Poseedores del Ministerio de la Producción (resolución 229 del 25-3-2015). Todo esto, más la resolución del fiscal general, lo presentamos en el escrito que dejamos en Tribunales para que lo tengan en cuenta», dijo Príncipe. Y recordó que «los colonos de Bigand tienen la misma historia que la Federación Agraria Argentina. En 1912 uno de los primeros estancieros que firmó contratos de arrendamientos fue don Víctor Bigand en esas mismas tierras. Hoy, la familia Marinucci, como otras, son tercera generación, nacieron en esas mismas chacras y vienen trabajando en ese lugar hace tres generaciones. Por eso esta resistencia tiene un sentido especial para nosotros muy profundo, y creemos que es una defensa totalmente justa. Esperamos que el Estado no mire para otro lado y garantice la aplicación de estas herramientas existentes para poner igualdad allí donde no la hay, porque hay una parte con mucho poder y otra que no, por eso el Estado debe resguardarlos para que puedan sostenerse en esas tierras».
Arrendamiento modelo
El conflicto con los colonos de Bigand viene de larga data pero recrudeció en agosto de 2015. Tal como lo publicó oportunamente LaCapital, en esa época hubo una renovada ofensiva de la fundación propietaria de esos campos, para desalojarlos.
El caso es emblemático, ya que involucra a los primeros contratos de alquiler que se firmaron luego del Grito de Alcorta. Fue cuando Víctor Bigand, hijo del terrateniente que había comprado esos campos a fines del siglo XIX, acordó con los chacareros un régimen de arrendamiento modelo que, pese a todos los vaivenes de la historia, se mantuvo durante un siglo.
Las cosas comenzaron a complicarse en 2004, cuando murió la última heredera de Bigand, María Mercedes Octavia. Poco después salió a la luz su testamento por el cual donó la producción de esas tierras a una fundación a crear para realizar actividades de caridad y bien público, aunque sin afectar la situación de los colonos.
En aquellos años, los agricultores denunciaron que el albacea de «la señorita Bigand» los presionaba para dejar los campos, al resistirse a renovar los contratos o cambiar drásticamente sus condiciones. Tras un conflicto, la mayoría de las familias involucradas pudo quedarse por diez años más. Esos plazos vencieron y los colonos volvieron a sufrir la arremetida de la fundación.
Acompañamiento
El secretario Gremial de FAA, Orlando Marino expresó el acompañamiento «humano y político» a la familia Marinucci. «Son pequeños agricultores que dependen de esa tierra para vivir. Y además, en los últimos años no les ha ido nada bien con sus producciones. Si bien la fundación Bigand exige un pago por las tierras para que los productores puedan realizar ahí su actividad, se da el caso que en los últimos años los pequeños productores no han estado ni siquiera cerca de llegar a sus costos de producción, entonces están lejos de pagar un tributo por ocupar estas tierras. Vamos a defender a la familia Marinucci de este intento de desalojo, como hemos hecho muchas veces antes, porque necesitan la tierra y FAA defiende la tierra para el que la trabaja».
La semana pasada, en la sección nacional de la Reunión Especializada de Agricultura Familiar (Reaf), decenas de organizaciones (entre las cuales está FAA) expresaron su respaldo a la familia Marinucci y exigieron a las autoridades nacionales, provinciales y municipales que se frene el desalojo y se respeten los derechos de esta familia.(La Capital)