Cambiaría Código de Procedimientos

El actual código de procedimientos no estaría dando los resultados esperados. Son muchas las quejas que comienza a suscitar. Un posible cambio para bajar índices delictivos.

Casi seis años después de la reforma del proceso penal realizada durante el último mandato de Eduardo Duhalde como gobernador, y que depositó por primera vez en manos de los fiscales la etapa de investigación, el Gobierno bonaerense ya trabaja en un borrador con posibles «ajustes» al Código de

Procedimiento con el propósito de agilizar el sistema judicial, en consonancia con el aumento de los índices delictivos. Fuentes inobjetables de Gobierno confiaron que se evalúa una serie de cambios precisos que, si bien no alteran el espíritu de la reforma ideada por el ex ministro de Seguridad León Arslanián, apuntan a optimizar los recursos y el potencial humano disponible.

Por caso, se analiza la introducción del Principio de Oportunidad, por el cual se faculta al fiscal a dejar de lado las investigaciones en casos considerados «insignificantes», y en circunstancias especiales; por ejemplo, casos de amenazas entre vecinos en los que luego se produce un acuerdo entre víctima y victimario.

Según los hacedores de las nuevas modificaciones, la tramitación de ese tipo de causas conlleva la «pérdida» de más de 200 horas hombre de personal especializado, que en cambio deberían ser utilizadas para la investigación de homicidios, robos, privación ilegítima de la libertad, entre otros delitos graves.

Los cambios buscan simplificar, también, la etapa intermedia, esto es, desde el requerimiento del fiscal de elevación a juicio hasta la entrada de la causa al Tribunal de Juicio, que en el sistema vigente puede durar largos meses. Ahora se propondría el control de la imputación directamente por la Cámara de Garantías.

De esta manera, se suprimiría tal tarea de la competencia del Juez de Garantías, para lograr un mayor abocamiento de este magistrado al control de legalidad de los actos de la instrucción.

Respecto del juicio oral, se habilitarían nuevas formas de incorporación y apreciación de la prueba.
Y se incorporaría el Juicio Directísimo, mediante el cual, en casos especiales, se puede prácticamente prescindir de la instrucción y del debate, dictándose la sentencia en un plazo muy breve.

Reforma contravencional: Entre 1997 y 1998, cuando la Policía Bonaerense era intervenida por el poder político a raíz de los severos casos de corrupción que la comprometían, se diseñó un nuevo Código de Procedimientos que supuso una profunda transformación del sistema de enjuiciamiento penal.

El sistema en marcha -entra en vigencia el 1 de octubre de 1998- propende a la implementación gradual de un proceso oral acusatorio con el que se juzgue sin dilaciones y sin menoscabo de las garantías individuales de los justiciables a la acusación y a la defensa en paridad de situaciones en el proceso.

Con el nuevo Código, la etapa de investigación (instrucción) pasó a manos del fiscal: así, la sentencia es dictada entonces por un juez o tribunal distinto al órgano que instruye el sumario. A este esquema se agregó la creación del Juez de Garantías que durante aquella etapa de investigación penal preparatoria se encarga de garantizar el efectivo ejercicio de defensa por parte del imputado, y la observancia de las normas que regulan el proceso.

Pero, en febrero de 2002, la Policía Bonaerense recuperó el interrogatorio como instrumento legal para sus tareas. Fue una de las atribuciones incluidas en la reforma al Código Procesal Penal que impulsó el gobernador Carlos Ruckauf con su slogan de «mano dura».

Así, la policía está en condiciones de «recoger del presunto imputado indicaciones o informaciones útiles para la investigación en el lugar del hecho o en sus inmediaciones», según estableció la ley votada por la Legislatura bonaerense en 2002