En la madrugada del domingo 7 de diciembre , Enrique Espíndola iba a ingresar a su casa cuando un escopetazo traicionero le quitó la vida. Las primeras sospechas recayeron sobre su entorno. Un testigo dijo que a la hora del crimen y cerca de la casa observó pasar a un joven caminando y cargando una mochila. Según el testigo desde la mochila sobresalía el caño de una escopeta, ubicándolo en espacio y tiempo con el asesinato. En forma posterior el testigo se desdijo y fue procesado y detenido por falso testimonio.
La hipótesis del robo fue descartada. Espíndola días antes había cobrado de la Municipalidad de Colón trescientos pesos por cuidar máquinas excavadoras en el predio de su casa en 21 y 60, pero el motivo de su muerte no fue por cuestiones materiales.
En este sentido, cinco días después del homicidio Colón Doce argumentó que los investigadores debían tener una tercera hipótesis para trabajar: la prostitución. Según esta pista, en el mes de noviembre habrían llegado a nuestra ciudad posiblemente desde Santa Fe dos chicas ¨caídas¨ (escapadas) de la organización que las regentea. Las mujeres trabajaron varios días en los suburbios del barrio 9 de Julio. Una de ellas era muy bonita, cara redonda, morocha y regordeta y podría ser que se llamara Silvia. La joven enamoró a varios colonenses. La noche del crimen una versión señala que la mujer fue escondida en la casa de Espíndola y se indica que organización de la trata de blancas llegó a nuestra ciudad y por diversos canales se enteraron donde estaba escondida. Según esta versión, King Kong habría muerto por hacer un favor a un amigo y esconder en su casa a la mujer en cuestión que venían a buscar. La mafia de la prostitución habría llevado nuevamente a la supuesta Silvia a los burdeles de Santa Fe. En la populosa barriada nadie quiere hablar.. pero el rumor corrió rápidamente, horas después del asesinato. Santa Fe
Un periodista del semanario Análisis hizo una profunda investigación sobre la prostitución en la provincia de Santa Fe que abarco varios años. La realidad no es distinta a la que pasa en cercanías del la ex terminal de ómnibus de Tucumán, en la calle Mitre de Rosario, en el distrito sexto de la ciudad de Mendoza o en la calle San Jerónimo de Córdoba. En Santa Fe desde el año 1995, los tribunales provinciales tienen un documento escrito por oficiales policiales que revelan el funcionamiento de las cajas negras, los distintos peajes que se pagan a La Santafesina SA (policía de Santa Fe) para garantizar el desarrollo de comercios ilegales, desde la prostitución al narcotráfico. No hubo novedades políticas. Aquello siguió su curso. Las dos administraciones de Carlos Reutemann dejaron hacer a los integrantes de la policía. Y cuando el primer gobierno de Jorge Obeid se sacó de encima a media docena de torturadores del terrorismo de estado, la policía le hizo llegar un mensaje amenazador: si llegaban a exonerar a uno más, se quebraba la paz institucional en la provincia. Eso fue lo que le confesó el ex vicegobernador de aquella gestión, el ingeniero Gualberto Venesia.
Corría el año 1998 y a 15 años de funcionamiento de la democracia, la policía de la provincia de Santa Fe tenía el suficiente poder para hacer peligrar la paz institucional. En el año 2002, una investigación reveló la explotación sexual infantil en la zona de la estación terminal de ómnibus “Mariano Moreno” de la ciudad de Rosario. Las escuchas telefónicas que hizo la Justicia Federal revelaron las complicidades de los policías de la Seccional Séptima y de Moralidad Pública.
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