Para controlar la velocidad en rutas

(La Capital) Dicen que la nueva norma terminará con el "negocio" de particulares Establecen otro sistema de sanciones que contempla multas acordes a la gravedad de la infracción.

El gobernador Jorge Obeid promulgó la ley 12.217, que regula el funcionamiento de radares para controlar la velocidad vehicular en las rutas que atraviesan las localidades santafesinas. La norma implica modificaciones en materia de sanciones y prohíbe el uso de aparatos móviles en toda la provincia.

Si bien la velocidad permitida continuará siendo de hasta 60 kilómetros por hora, quienes violen por primera vez esta disposición no serán multados sino apercibidos, excepto que vayan a más de 90 kilómetros. A partir de la segunda infracción sí se aplicarán multas, aunque los montos variarán de acuerdo a la velocidad registrada en el radar y a la gravedad de la falta.

La ley deberá ser reglamentada para que entre en vigencia, lo cual llevaría cerca de un mes.

El subsecretario de Transporte, Juan Carlos Venesia, sostuvo que "cuando la norma se ponga en práctica, las comunas y municipales tendrán que reconvenir el funcionamiento del sistema porque estará bajo su potestad".

"Lo más importante -explicó- es que se terminará con situaciones nocivas generadas por la aplicación de multas abusivas y notificadas a instancias de intimaciones que terminan en sede judicial".

El funcionario aseguró que "algunas localidades terciarizaron el manejo de los radares en manos de empresas que recurren a estudios jurídicos particulares para cobrar multas".

Venesia remarcó que "los municipios habilitados podrán seguir utilizando los radares para controlar la velocidad", aunque "deberán acogerse a sus exigencias".

Varios jefes comunales dijeron a La Capital conocer la promulgación, pero la mayoría prefirió no opinar hasta evaluar sus implicancias. En ese marco, el titular de Pujato, Mario Gatti, dijo que se reunirá con sus pares "para analizar el tema y determinar si vale la pena seguir o no con ese control".

El funcionario delantó que "si la aplicación de la ley implica no poder mantener costos operativos y personal, el sistema se levantará y responsabilizaremos a la provincia de las accidentes que se produzcan".

Por su parte, el autor del proyecto convertido en ley, el ex diputado radical y actual presidente comunal de Arequito, Jorge Alvarez, sostuvo que "esta norma terminará con el negocio de las empresas que explotan los radares y se quedan con el gran porcentaje de dinero que recaudan en detrimento de las comunas", y que "pondrá equidad en materia de sanciones, ya que los montos de las multas variarán de acuerdo a la gravedad de la infracción".

"No estoy en contra del uso de radares en localidades que necesitan controlar la velocidad para evitar accidentes -aclaró- sino de los abusos que implicó el sistema al ser manejado por empresas que lo único que persiguen es un fin meramente recaudatorio".