La seguridad como política de Estado

Los jefes comunales podrán evaluar el trabajo de la policía y elevar a la superioridad sus conclusiones. En el trabajo participarían además los concejales.

La idea oficial del gobierno bonaerense es que los jefes comunales auditen el trabajo de los titulares de las seccionales de sus distritos y a la rama policial de Asuntos Internos se les daría un rango superior con plena autonomía para investigar. Las medidas buscarían : una policía más confiable, un mejor control interno y que el delito baje a la mitad en 4 años.

En Colón, el justicialista Ricardo Casi desde el inició de la campaña electoral en sintonía por “adelantado” con el proyecto que ahora propicia la Provincia señaló que “las intendencias se deben hacer cargo de la seguridad”. Casi nombró como Secretario de Seguridad al comisario mayor Omar Ledesma.

Los cambios

Las medidas inmediatas que implementara en el territorio bonaerense el ministro Rivara son amplias . La primera es el cambio de mentalidad de la policía. Los uniformados –según el funcionario- deben salir a buscar y a controlar y no actuar sobre el hecho consumado.

El ministro anunció que se creará una oficina de Asuntos Internos en cada una de las 18 jefaturas departamentales de policía y que se dotará de mayor autonomía a los funcionarios que tengan a su cargo la tarea de investigar hechos ilícitos cometidos por integrantes de la fuerza, con la creación de un escalafón adicional a los ya existentes dentro de la estructura policial.

En tanto se adquirirá para patrullar las ciudades autos no identificables.

Concejos Deliberantes

En el mismo sentido que lo anunciado desde el área de Seguridad, un proyecto de ley que tomó estado legislativo en el Senado bonaerense propicia que los concejos deliberantes de los municipios de la Provincia deban calificar anualmente a los funcionarios policiales que presten servicios en sus respectivos distritos, esos informes se incluirán en los legajos de los uniformados.

De acuerdo al texto de la iniciativa de la senadora Diana Zeballos, los ediles deberán emitir "al menos" un informe anual, pero también lo podrán hacer "cuando lo consideren oportuno", y los enviarán al ministerio de Seguridad para ser incluidos en los legajos y tenidos en cuenta como "antecedentes" de la "carrera profesional" de cada policía evaluado.

La instrumentación del proyecto se plantea a partir de una modificación de la Ley Orgánica de las Municipalidades, que propicia que la calificación de los policías se vuelque en una resolución que deberá ser fundada y aprobada por el voto de los dos tercios de los integrantes del cuerpo deliberativo.

Para la elaboración de la calificación que se volcará en el dictamen, los ediles podrán solicitar informes, a las comisarías y subcomisarías del distrito, sobre aspectos relativos a la seguridad pública, los que "deberán ser respondidos en un plazo no mayor de treinta días".