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21/12/2003 |
Cuatrerismo Los legisladores piden más penas Según un proyecto de reforma del Código Penal enviado al Congreso por el Poder Ejecutivo, el robo de ganado, maquinarias agrícolas, agroquímicos, insumos, implementos de trabajo para el campo, y otros delitos contra la propiedad rural, será reprimido con penas de hasta 10 años de prisión. |
La iniciativa establece que la penalización del abigeato es una falta que se constituye en su forma operativa por bandas organizadas, con extensiones y complicidades que trascienden el ámbito rural. Anteriormente se consideraba una falta leve de acción individual. Además de precisar que el establecimiento rural es un inmueble destinado al desarrollo de actividades agropecuarias, la propuesta incluye como hurto "los productos separados del suelo, las maquinarias, instrumentos de trabajo, agroquímicos, fertilizantes otros insumos similares y alambres y cercos". El proyecto lleva la firma del jefe de gabinete, Alberto Fernández, y el ministro de Justicia, Gustavo Beliz, y fue presentado en Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) por el subsecretario de Economía Agropecuaria, Javier de Urquiza. La norma enviada trata de unificar las iniciativas presentadas por varios legisladores que plantearon la necesidad de incrementar las penas y ampliar la descripción de los ilícitos a fin de dar herramientas legales más adecuadas para combatir el delito rural. En tal sentido, propone reprimir con prisión de 2 a 6 años al que se apoderase de una o más cabezas de ganado mayor o menor ubicadas en un establecimiento, elevando la pena de 3 a 8 años cuando el robo ascienda a 5 o más cabezas. La penalización será de 4 a 10 años cuando el abigeato se realice con falsificación o supresión de las marcas de identificación del ganado y participen del robo personas dedicadas a la crianza, faena y comercialización de hacienda, miembros de las fuerzas de seguridad o funcionarios públicos. Además, se les aplicará una "inhabilitación especial por el doble del tiempo de la condena", y deberán afrontar una "multa equivalente de 2 a 10 veces el valor del ganado sustraído". Asimismo propone la inhabilitación especial de hasta 10 años para los funcionarios públicos que, sin haber participado del delito de abigeato, faciliten el "transporte, faena, comercialización o mantenimiento del ganado, sus despojos o subproductos, conociendo el origen ilícito" de la hacienda
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