Piden investigar radar de Hughes y Venado Tuerto

La subsecretaría de Transporte de Santa Fe requirió la investigación de los polémicos radares de Hughes y Santa Fe. Suspenden los de Firmat y otras localidades.

La Subsecretaría de Transporte «resolvió solicitar al CERIDE ( Centro Regional de investigación y desarrollo de Santa Fe) una auditoría inmediata en los radares de Venado Tuerto y Hughes», que son las localidades más cuestionadas por la Defensoría del Pueblo por su desconocimiento -según asegura ese organismo- de la normativa vigente, en particular el decreto 1.471 y la resolución complementaria 156 de 2001, que exceptúan del cobro a la primera infracción si se comete a una velocidad que no supere los 90 kilómetros por hora frente al control.

Es una buena noticia para centenares de colonenses. Como se sabe muchos de nuestros convecinos fueron infraccionados por exceso de velocidad en los radares colocados a la vera de la Ruta 8 en Hughes y Venado Tuerto. Los abogados de las víctimas sostienen una “pelea” legal con estas comunas, porque argumentan –entre otras cosas- que sus clientes no fueron debidamente comunicados de la infracción, además faltan los correspondientes carteles avisando al conductor de las velocidades máximas.

Por otro lado, la Subsecretaría de Transporte de la provincia suspendió temporaria y preventivamente por 15 días los controles de velocidad mediante el uso de radares en las comunas de Sanford, Pujato y Chabás y la Municipalidad de Firmat. La medida sobrevino luego de que el organismo realizara auditorías «que demostraron un funcionamiento no encuadrado en la reglamentación vigente, como lo había denunciado la Defensoría del Pueblo de Santa Fe en su resolución Nº 530», señala la resolución. Por su parte, los jefes comunales de las localidades ubicadas a la vera de la ruta 33, manifestaron su malestar por la medida, a la que calificaron de «despropósito absoluto»

Según Transporte, las infracciones fueron detectadas por personal técnico del Centro Regional de Investigación y Desarrollo de Santa Fe (Ceride) y refieren a la falta de cartelera vertical advirtiendo sobre la existencia del radar y los máximos de velocidad permitidos. «Asimismo se comprobaron errores en la ubicación de los equipos y elementos de captura de imágenes, además de incumplimientos a las disposiciones sobre metrología legal de los aparatos cine-mómetros -denominación técnica de los radares-». Los técnicos que realizaron los controles además se encontraron con un problema.

Como el sistema es operado totalmente por empresas privadas no pudieron constatar los equipos de medición y captura debido a que las autoridades locales no tienen acceso a ellos, lo cual impidió comprobar si los que están en funcionamiento son los aparatos descriptos y autorizados en los convenios suscriptos con la Subsecretaría de Transporte. Al no ser propietarias del equipamiento las administraciones comunales tampoco tienen llegada a la generación del acta de comprobación de la infracción. El procedimiento es realizado por la firma propietaria del sistema que periódicamente retira y procesa la información almacenada en los equipos para luego imprimir las actas de notificación de infracción y enviarlas a la comuna o municipio correspondiente, la que a su vez selecciona las que serán enviadas a los infractores a través del correo.

Las inspecciones también permitieron detectar falencias administrativas en las actas de comprobación de infracciones ya que tenían fuerza de sentencia, cuando sólo deben ser emitidas tras otorgarle al infractor el derecho a una legítima defensa.

El titular de la zona norte de la Defensoría del Pueblo, Carlos Feruglio, tomó conocimiento de las sanciones por medio del subsecretario de Transporte, Diego Gómez, quien también le expresó que «además de las suspensiones impuestas por 15 días, esas localidades fueron apercibidas y de no corregir las deficiencias, se les revocarán las autorizaciones concedidas para controlar la velocidad mediante cinemómetros».