“Hay gente que trabaja en el ilícito organizadamente”

En la nueva etapa investigativa sobre los beneficios sociales, la UFISES apunta ahora a la provincia de Buenos Aires. Intimó a los 134 distritos a que le remitan los padrones de beneficiarios. Se detectaron irregularidades en 3 de los 10 municipios que los enviaron.

El decreto presidencial Nº 565/02 es muy claro: para poder acceder a un beneficio que se otorga mediante el plan Jefes y Jefas de Hogar Desocupados, el postulante debe, justamente, carecer de empleo y tener hijos menores de dieciocho años de edad a su cargo. Esto no es nuevo, pero muchos parecen desconocerlo. Aunque, en esta oportunidad, quienes lo desconocen no tienen excusa: son los intendentes.

La Unidad Fiscal de Investigaciones de la Seguridad Social (UFISES) inició hace poco más de una semana una investigación destinada a develar cómo se asignan los planes sociales en el territorio de la provincia de Buenos Aires. Para esto se libró un oficio a cada intendente, para que envíen la información de los padrones de beneficiarios y así poder establecer cómo se asignan los beneficios. El oficio ya habría llegado a Colón y ahora se deberá responder como se dieron los casi mil planes Jefes y Jefas de Hogar

Si bien, como dijo el fiscal Guillermo Marijuán a cargo de la UFISES «hasta el momento pasaron muy pocos días desde que se efectuó el pedido», la primera información obtenida promete, lamentablemente, datos contundentes: de 10 municipios que contestaron al pedido, en tres (el 30%) ya se detectaron irregularidades. Estos son: Malvinas Argentinas, Quilmes y Moreno.

«El objetivo central, tanto de esta fiscalía como de los dos organismos nacionales con los que estamos trabajando conjuntamente, el ANSES y el Ministerio de Trabajo, es realizar un entrecruzamiento y un ordenamiento total del plan», comentó Marijuán, y recordó los «4.000 empleados públicos de distintas provincias que estaban cobrando el plan, cuando esto es ilícito, ya que no se puede estar en relación de dependencia, y mucho menos con el Estado, para recibir el plan».

Ahora, todas las otras provincias están siendo «víctimas» del entrecruzamiento y de la investigación.
La provincia de Buenos Aires tiene una complejidad mucho mayor, no sólo por el número de planes que tiene, que es un tercio del total (casi 800 mil de los más de dos millones de beneficiarios), sino porque está distribuida en un territorio muy amplio, con un número mucho más grande de municipios que otra provincia.

Lo que hizo la Fiscalía fue iniciar una pequeña investigación preliminar por cada municipio. En cada investigación se libró un oficio a cada intendente y de a poco se está recibiendo esta información con resultados que se van a evaluar por un tiempo. «Pero en principio ya se han detectado municipios donde hay empleados públicos trabajando», sostuvo el responsable de la UFISES.

Guillermo Marijuán espera que la respuesta de los municipios bonaerenses «sea de la mejor manera», y no descartó que lo fueran a hacer. Aunque aclaró que «de no cumplir en este primer período, eventualmente la justicia tiene otras herramientas y puede buscar la respuesta de otra manera.

«Se está apelando a la buena voluntad del intendente, para que entreguen los listados ante el pedido judicial». En cuanto a los datos que comience a arrojar esta investigación sobre la asignación del beneficio en la provincia de Buenos Aires, dijo esperar que el resultado sea negativo: «Se está analizando cada caso, uno no desea encontrar estas conductas, pero en ese caso se denunciará».