Los impuestos misteriosos

Son impuestos que mensualmente llegan en la boleta de luz y no se saben a donde van a parar. Ahora piden explicaciones.

En la provincia de Buenos Aires, los usuarios residenciales y los comerciantes pagan dos impuestos en sus facturas de electricidad que gravan su consumo pese a que, progresivamente desde el año 1992, otros sectores como los industriales fueron eximidos de dicho gravamen, según consta en un pedido de informes que fue aprobado sobre tablas por la Cámara de Diputados y que solicita al ejecutivo provincial precisiones sobre el destino actual de los fondos obtenidos por dicho cobro.

La presidenta del bloque de diputados socialistas, Mirta Adobbati, es la autora de un pedido de informes que busca determinar cuál es el monto y destino de los fondos obtenidos mediante el cobro de un 15,5 por ciento sobre el consumo de energía eléctrica de la provincia de Buenos Aires. Que representa aproximadamente, una recaudación anual de casi 180 millones de pesos.

Los decretos

Ese plus se aplica en concepto de los decretos leyes 7290/67 y 9038/78, que fueron promulgados durante los gobiernos militares de 1967 y 1978, respectivamente. El primero de los decretos creaba el Fondo Especial de Desarrollo Eléctrico de la provincia de Buenos Aires destinado a expandir el servicio público de electricidad. Y el restante decreto ley -9038/78- tenía como objetivo la financiación de las inversiones que demandara la Central de Acumulación por Bombeo en la Laguna La Brava y sus interconexiones. Pero esa obra nunca se hizo.

Asimismo, a través de la ley 10.431 sancionada en 1986, el Ministerio de Obras Públicas bonaerense cambió el destino especial de este tributo adicional, el cual quedó específicamente consagrado a cumplir con las obligaciones emergentes de la obra Central Eléctrica Comandante Luis Piedrabuena, por la cual al Estado provincial quedó endeudado y tomó un préstamo con el Banco Provincia de 1.350 millones de pesos. Con la privatización de ESEBA durante la gestión de Eduardo Duhalde (vendida en 1.400 millones), se pagó el capital del préstamo, y hasta el año 2.025 se pagarán los intereses.

La deuda

En concreto, lo que actualmente los habitantes de la Provincia estarían pagando con ese 15,5 por ciento (unos 30 millones de pesos bimestrales), es la financiación de una deuda de la Provincia con el Banco. Pero incluso en este punto, se produjo otra alteración en los principios originales.

Es que en 1992 (decreto 1160/92), los usuarios industriales bonaerenses abastecidos por concesionarias provinciales, fueron eximidos transitoriamente del pago de ambos impuestos, mientras que los usuarios residenciales y comerciantes que contratan el suministro con conce-sionarias nacionales siguen pagando el cargo.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró inconstitucionales los decretos (en julio de 1997 y agosto de 1999), y el régimen por el cual la Provincia y el Ente Provincial Regulador Energético aplican y persiguen el cobro de los impuestos previstos en los decretos 7290 y 9038 a quienes contratan con Hidroeléctrica El Chocón (concesión nacional), en tanto se exima del cumplimiento de dichos tributos a los usuarios industriales y comerciales sujetos a jurisdicción provincial.

La diputada Adobbati advirtió que «pareciera ser que todo gira en torno a criterios de sospecha», en el sentido de impuestos que «se cobran compulsivamente» pero poseen una «finalidad extinguida», y «son admitidos como recursos frescos para el erario público pero no son blanqueados para su finalidad específica», en este caso el pago de una deuda financiera entre Estado y Banco Provincia