Lucha contra la inseguridad

La avanzada del gobierno bonaerense contra la inseguridad sumará un nuevo capítulo que apunta, en este caso, al "desarme de la sociedad": el gobernador Felipe Solá firmará un decreto que contempla el decomiso de las armas que tengan en su poder las personas que tengan vencida la credencial que las autoriza a usar este tipo de elementos.

Este será el inicio de un plan con el que se pretende sacar de circulación la mayor cantidad de armas que se utilizan en el mercado negro.

De acuerdo a datos oficiales el 45% de los "usuarios legítimos" (tanto individuales como colectivos) autorizados a portar armas en la Provincia tiene vencida la credencial que los habilita por cinco años. Este número, acompañado por el que muestra que en territorio bonaerense hay 450 mil armas registradas y varias decenas de miles más en el mercado negro, llevaron al Gobierno a buscar un marco legal para tratar de regularizar esta situación.

La asesora del ministerio de Seguridad bonaerense y directora del proyecto Construyendo Seguridad Ciudadana -financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo-, Marisa Graham, dijo ayer que "lo ideal sería que la gente no tenga armas, porque los índices de lesiones y homicidios por accidentes caseros con armas son muy altos". Pero consciente de que es imposible alcanzar ese objetivo, explicó que el decreto que Solá tiene a la firma apunta a "tener un control eficaz y eficiente del circuito legal, para luego avanzar sobre el ilegal".

El decreto que el Gobernador firmaría hoy establece un plazo de 60 días para que los "legítimos usuarios" que tengan la credencial puedan regularizar su situación. En el caso de aquéllos que no lo hagan y tampoco den de baja la credencial, sufrirán el decomiso del arma que tengan registrada a su nombre.

Según las cifras oficiales, de los 156.500 "legítimos usuarios" que hay en territorio bonaerense, 151 mil son civiles y el resto son colectivos (bancos, supermercados, etc.). Y de las 450 mil armas registradas en la Provincia, una importante cantidad estaría en manos de "legítimos usuarios" que no tienen su credencial actualizada.

El decreto también establece un plazo de 60 días para "blanquear" las armas no registradas, para lo cual se otorgará el beneficio de una reducción en las tasas que se deben pagar.