Se investigan fundaciones truchas

La justicia pidió el desafuero de cuatro legisladores por haber “enviado” dinero de subsidios a entidades que no existían. Uno de ellos es Juan Carlos Plana de San Pedro.

La semana pasada decíamos en el interior de una nota dedicada a la causa judicial de Alberto Maggi, que una fuente señaló a un cronista del semanario que en la región se estaban investigando los movimientos de dinero que habrían realizado algunos legisladores a fundaciones truchas. La comprobación de la maniobra podría resultar un escándalo de proporciones. Paralelamente se estaría investigando cuentas bancarias abiertas fuera del país y donde se podría haber llevado ese dinero mediante maniobras de encubrimiento de algunos bancos.

Metodología

En el mismo sentido, la Justicia platense pidió formalmente el desafuero de cuatro senadores bonaerenses de la Unión Cívica Radical, acusados de cometer fraudes contra el Estado a través del otorgamiento de subsidios a diferentes asociaciones y entidades civiles que no existían o bien que no recibieron ningún beneficio. La medida fue ordenada por el juez de Garantías platense, Guillermo Atencio, a solicitud de los fiscales Carlos Arguero y Esteban Lombardo.

El pedido de desafuero fue presentado ante la Presidencia de la Cámara de Senadores de la provincia -que evaluará si corresponde llevarlo a cabo- y recae sobre los legisladores Juan Carlos Plana (oriundo de San Pedro y actualmente integrante del bloque del ARI), Enrique Marín Vega (de Mar del Plata), Juan Carlos Stávale (de La Plata) y Gustavo Marelli (de Ensenada). El pedido de desafuero es fundamental para la causa, porque de esa manera se podría ordenar la detención de los senadores involucrados.
La solicitud se enmarca en una investigación iniciada por los fiscales quienes solicitan la imputación a los legisladores mencionados, por los supuestos delitos de «fraude en perjuicio de la administración pública, malversación de caudales públicos, incumplimiento de los deberes de funcionario público y falsedad documental».

Ninguno de los senadores involucrados accedió a dar declaraciones para referirse al pedido formal que formulara el Juez Atencio.

La investigación sobre la presunta entrega irregular de estos subsidios se inició hace un año, a partir de la denuncia de particulares que acusaron al entonces senador de Lincoln, Héctor Monasterio (UCR), de no haberles entregado una ayuda económica de este tipo, aunque se supone que el subsidio habría sido cobrado por otra persona. Los fiscales ampliaron su investigación a todos los subsidios entregados por los senadores bonaerenses durante los últimos años y de allí surgió la sospecha de que, los legisladores contra los que hoy la justicia pide el desafuero, podrían haber participado de esas maniobras.

Pese al encuadramiento jurídico establecido por los fiscales Arguero y Lombardo, el juez de Garantías, calificó la causa como «fraude» en perjuicio de la administración pública