Plan de shock contra el delito

«Sólo cuando cada barrio viva en paz estaré satisfecho con el desempeño de cada comisaría», dijo el gobernador de Buenos Aires, Felipe Solá, al referirse al «plan de shock» de lucha contra el delito que acordó con el presidente Néstor Kirchner .

Pero ese plan no sólo se limita al fortalecimiento de la prevención y la represión del delito o al envío de recursos económicos y de 2000 efectivos de la Gendarmería Nacional y de la Prefectura Naval al conurbano, como una ayuda del Gobierno Nacional.

Ahora, Solá decidió tomar otras medidas, como limitar el expendio de bebidas alcohólicas a supermercados, almacenes y vinerías, y prohibir el funcionamiento de desarmaderos de vehículos y la venta de autopartes usadas, con el fin de disuadir el robo de vehículos.

También habrá cambios en la estructura policial, como la creación de más jefaturas departamentales en el conurbano. Por caso, en el Ministerio de Seguridad se afirmó que la Departamental Lomas de Zamora será dividida, de modo que los partidos de Avellaneda y Lanús tendrán su propia Jefatura de Policía.

Fiscales

El plan incluirá, asimismo, modificaciones profundas en la Justicia y en las leyes penales. Por ejemplo: la ampliación de las facultades de los fiscales —además de aumentar su número— para que puedan ordenar allanamientos y detenciones de urgencia, y la instauración de una legislación que permita a la justicia provincial intervenir en la lucha contra la venta de drogas.

Esto último, seguramente, ocasionará diversas reacciones en la justicia federal. De hecho, la de estupefacientes es una ley nacional, y el fuero penal federal, precisamente, tiene competencia en cuestiones de narcotráfico.

El Poder Ejecutivo provincial pedirá a los diputados y senadores bonaerenses que apuren la aprobación de algunas normas y, en los casos más urgentes, el Gobernador bonaerense firmará decretos y los enviará a la Legislatura para que sean refrendados.

Por ejemplo, a través de esa vía se prohibirá la venta de autopartes usadas y se regulará la comercialización de todo tipo de bebidas alcohólicas.

Decretos

Respecto de los decretos, Solá sostuvo: «La persecución penal es una obligación indelegable del Estado. Atrapar, acusar, probar y condenar. Existe la ley, pero no basta. La voluntad política es ir a fondo. Y la complejidad del delito obliga a manejar otros tiempos para resolver el problema».

Con la prohibición de la venta de repuestos de vehículos usados, se clausurarán todos los desarmaderos en la provincia de Buenos Aires.

Esta será una de las herramientas para atacar el robo de autos, uno de los delitos que más preocupan al gobierno, ya que el 40 por ciento de los homicidios en la Provincia ocurren durante sustracciones de automotores, según estadísticas del Ministerio de Seguridad, a cargo de Juan Pablo Cafiero. Muchos desarmaderos clandestinos funcionan con la presunta protección de policías y de funcionarios municipales, por lo que varios uniformados fueron separados de la fuerza.

Por eso, Cafiero dijo: «Por decreto se cerrarán todos los desarmaderos. La decisión está tomada: terminar con el negocio del robo de vehículos y la venta ilegal de autos y repuestos, y cortar el vínculo entre delincuentes, policías y funcionarios municipales».

Sobre estos últimos, aseguró: «Es función de un municipio controlar el funcionamiento de esos negocios. Y hemos advertido grietas importantes, en las que se cuelan los delincuentes. A partir del decreto, los municipios que no procedan de acuerdo con las normas tendrán que explicarlo a la Justicia».

Excusas

No será fácil -y dicen ser conscientes de eso Felipe Solá y su gabinete- aplicar la reforma. Eso, debido a las supuestas relaciones entre algunos sectores de la política y de la policía con el hampa. «Yo no pacto con la cultura de la corrupción», sentenció Solá.

Por su parte, Cafiero instó a los oficiales superiores de la fuerza que no pueden justificar sus bienes: «Que se vayan. Y ya tiene que haber una respuesta». Por caso, Alberto Sobrado tuvo que renunciar como Jefe de Policía porque se le descubrió una cuenta en las Bahamas de 333.549 dólares, que no pudo justificar ante sus superiores.

A aquellos oficiales jefes y superiores que logren pasar la prueba del patrimonio, el ministro de Seguridad les advirtió que no aceptará excusas como la falta de recursos para combatir el delito. Y ése también fue un ultimátum.

Informó también que la División Asuntos Internos será fortalecida, que se crearán nuevos controles. »El año último -dijo Cafiero- le dimos impulso y aumentó notoriamente el número de exonerados. Vamos a reforzarla con más hombres y más recursos técnicos, con más contadores para estudiar el patrimonio de los jefes policiales.»

En tanto, ya se avanza en operativos en el conurbano en los que participan la Prefectura Naval y la Gendarmería Nacional, sostuvo Cafiero. «Ya hay 750 hombres -agregó- de esas fuerzas. En total, serán 2000.»

Alcohol

Otra de las medidas que seguramente será decretada por el gobernador Solá es la estricta regulación de la venta de bebidas alcohólicas, ya que su abuso -como el de las drogas- conduce a un aumento de la violencia.

La idea no es prohibir la comercialización sino restringirla, a través del otorgamiento de licencias a determinados negocios. En principio, se dijo, tendrían que dejar de expender dichas bebidas los quioscos, drugstores y los locales de compras que funcionan en estaciones de servicio.

De esta manera, suponen en el gobierno, la venta estará más controlada. »El consumo de alcohol agrava y multiplica el delito. Si se organizan redes de comercialización clandestina, deberán tomarse medidas nacionales, para que la venta ilegal no sea sólo una contravención», dijo Cafiero