Rechazo a mayores atribuciones

Más de 30 jueces de Paz rechazaron el proyecto de ley del gobierno. Piden el respaldo de la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires.

En una reunión con el presidente de la Suprema Corte de la Provincia, Eduardo Pettigiani, más de 30 Jueces de Paz bonaerenses expresaron su enérgico rechazo al proyecto de ley enviado por el Ejecutivo a la Legislatura provincial, y que les otorgaría mayores atribuciones, entre ellas algunas facultades penales.

La actitud reticente de los Jueces, que trascendió en los últimos días, tendría como objetivo obtener el respaldo de la corte bonaerense, teniendo en cuenta que la Cámara de Diputados pidió un informe a ese tribunal superior para luego proceder a tratamiento del tema.

En cuanto a los fundamentos del proyecto, el ministro de Justicia provincial, Alfredo Meckievi, defendió la medida y aseguró «que los Jueces de Paz están en condiciones de cumplir funciones penales; los magistrados que se niegan a ello, lo hacen porque no quieren recibir más tarea».

Los Jueces de Paz le plantearon a Pettigiani que las reformas que pretende el gobierno provincial son «imposibles de practicar».

Por otra parte, también expresaron que «la Provincia pretende sacarse de encima problemas y trasladarlos a nosotros, sobre todo el de las comisarías su-perpobladas».

«Se diseñan proyectos a puertas cerradas, sin pedir opiniones a quienes trabajamos en el tema desde hace décadas», enfatizaron algunos funcionarios de la Justicia de Paz que se mostraron críticos con el Ejecutivo.

En cuanto a la posición que adoptará la Corte bonaerense, aún no se avisora claridad en la decisión; teniendo en cuenta, por un lado, la buena relación del gobierno con el máximo tribunal de la Provincia; y, por el otro, las peticiones y el rechazo de los Jueces de Paz, que son finalmente quienes deben ajustarse al nuevo rumbo, y que aseguran que el proyecto es «absurdo porque pretende tener de guardia a los Jueces de Paz los 365 días del año».

La columna vertebral del proyecto normativo es darle a los Jueces de Paz atribuciones propias de la esfera penal, tales como la autorización de pedido de medidas coercitivas (arrestos) y probatorias (registros, allanamientos, requisas personales, órdenes de secuestro, etc.); que por el momento son exclusivas de la Justicia de Garantías.

En ese sentido, pese a las críticas de quienes deberán atenerse a las modificaciones, el ministro Meckievi demostró confianza y expresó que «en los próximos días lo tratarán y saldrá el OK legislativo».