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27/03/2003
Justicia Pergaminense

Los Fiscales y la sociedad


La doctora Amalia Rava dio a conocer un interesante detalle sobre la función que les compete a los fiscales.


La titular de la Fiscalía General del Ministerio Público Fiscal del Departamento Judicial de Pergamino, doctora Amalia Rava, dio a conocer en un amplio informe cuál es la función específica del organismo a su cargo, y los aspectos que le competen a cada uno de los fiscales titulares de las 7 unidades funcionales, en el marco del debate sobre la seguridad que se plantea desde distintos ámbitos por estos días. Al respecto la funcionaria señala: «En los últimos tiempos, por diversos motivos, el debate por el problema de la inseguridad se ha intensificado en forma notable.


»Sin lugar a dudas, la problemática que aqueja a toda la provincia de Buenos Aires y, de la que Pergamino no es ajeno, ha motivado el interés de las distintas personas e instituciones locales sobre el tema. También la cuestión se debate en la ciudad de Colón, la que forma parte de nuestro Departamento Judicial. Todo, en procura de la búsqueda de soluciones ante un flagelo que nos afecta a todos y que obligó al cambio de costumbres en nuestra sociedad.


»Como consecuencia de ello, muchas opiniones surgieron con distintas ideas y propuestas. También aparecieron aquellas que indudablemente persiguen otros intereses, que no siempre están relacionados con el problema de la seguridad y que provocan confusión en la comunidad. «Desde el Ministerio Público Fiscal hemos podido escuchar muchas de estas propuestas, ideas y críticas. En nuestro constante contacto con la comunidad, con las entidades intermedias, órganos provinciales y municipales, pudimos apreciar la preocupación de nuestros conciudadanos. Preocupación que también es nuestra.


»Sin embargo, también advertimos en forma permanente que existe una confusión que consideramos debe aclararse. Nos referimos a la circunstancia que, en más de una oportunidad, hemos podido escuchar que se plantea como solución al problema de la inseguridad un cambio en la labor de los fiscales. Es más, incluso muchas voces señalan como responsables de la situación que atravesamos todos al desempeño de éstos.


»Ello nos obliga a realizar algunas aclaraciones y, con la sola intención de poner un poco de claridad sobre el debate para, de esta forma, encontrar las verdaderas soluciones que la sociedad necesita.
»En consecuencia, lo primero que debe decirse es que el Ministerio Público Fiscal no es responsable de la seguridad.


»Como bien lo señalara el Jefe Departamental, comisario mayor (Gustavo) Moral, en dos entrevistas que se le realizaron en distintos medios de esta ciudad durante la presente semana, es la fuerza policial la encargada de prevenir los delitos y, consecuentemente, llevar seguridad a la ciudadanía.
»Es que la labor de los fiscales comienza recién cuando ya se produjo un hecho ilícito. No antes.
»La responsabilidad de los fiscales es la investigación de quién o quiénes resultaron responsables de ese suceso que aparece como delito y procurar que se les aplique la ley.


»En este sentido, hemos tenido oportunidad de escuchar, también reiteradamente, que los presuntos ‘delincuentes’ no son castigados y que ‘entran por una puerta y salen por otra’.
»Con relación a esto, resulta oportuno aclarar lo siguiente: los fiscales no ordenan detenciones, sino que piden a un juez -el juez de Garantías- que disponga la detención de una persona. El juez puede o no conceder el pedido.


»Ante la eventualidad de una persona detenida, además, los fiscales tampoco conceden excarcelaciones. A lo sumo pueden apelar una excarcelación que se le conceda a una persona determinada, si consideran que existen algunos de los peligros que enumera la ley -peligro de frustración del proceso y la aplicación de la ley, peligro de lesión de bienes jurídicos o reiteración delictiva, etcétera-. En caso de apelar, tampoco decide otro miembro del Ministerio Público, sino que lo hace la Cámara de Apelaciones.


»Por su parte, desde las fiscalías y por recomendación de la Fiscalía General, se trató de modificar la jurisprudencia departamental procurando que la flagrancia -aprehensión de una persona mientras comete un delito- sea un elemento suficiente para que el juez conceda la detención. Ello, sin importar que se trate de un delito de los considerados menores el que estaba cometiendo el individuo. Y esto no sólo porque la ley lo posibilita -de hecho es un criterio que se aplica en otros departamentos judiciales de la Provincia, porque se entendió que era más favorable para el trámite de los primeros momentos de la investigación. Lamentablemente el criterio no fue acogido por los órganos jurisdiccionales de esta jurisdicción. No obstante, seguimos insistiendo en el punto.


»De todos modos, un dato que resulta significativo al momento de reflexionar sobre la situación carcelaria, es que las comisarías y cárceles de la Provincia se encuentran todas superpo-bladas. Esta realidad también se da en Pergamino y en Colón. Ello es demostrativo de la gran cantidad de personas detenidas.


»Además, es debido a esta situación que el Ministerio Público, en conversaciones con autoridades municipales y miembros de foros de seguridad, hizo mención de la posibilidad de reimpulsar el proyecto de la creación de una Alcaidía en esta jurisdicción.


»Otro reclamo permanente es el otorgamiento de órdenes de allanamiento. Es necesario aclarar, los fiscales no tienen facultades para disponer registros en domicilios. Sin embargo, respecto del punto se puede decir que, pese a que, en el Departamento Judicial Pergamino se cuenta con un único Juzgado de Garantías -de turno desde la puesta en funcionamiento del nuevo Código en septiembre de 1998-, la demora que se señala no es tal. El mismo día que se realiza el pedido, por lo general, la orden se expide, y en un caso de urgencia el otorgamiento es prácticamente inmediato.


»A solicitud de la Oficina de Autores Ignorados solamente se realizaron más de 57 pedidos de allanamientos en febrero y, más de 55 en lo que va del corriente mes, a lo que deben sumarse los efectuados por cada una de las fiscalías.


»Sin embargo y, con la intención de alivianar el trabajo del Juzgado de Garantías y así acelerar el trámite de las investigaciones en trámite, desde la Fiscalía General se hicieron gestiones ante la Suprema Corte de Justicia de la Provincia y el Procurador General, consecuencia de las cuales se dispuso que el Juzgado de Transición Departamental empiece a cumplir funciones como un segundo Juzgado de Garantías a partir del 10 de abril del presente año. Sin lugar a dudas, esto será beneficioso para Pergamino.


»También surgen con frecuencia en cada una de las reuniones a las que asistimos, una problemática muy marcada con la delincuencia en manos de menores. En este campo, los fiscales no intervienen. Esto lo aclaramos porque, debido a la confusión que advertimos en parte del discurso durante los últimos días, también se generó un reclamo en este sentido.


»Por su parte, aunque parezca un mero dato estadístico -teniendo en consideración además la crudeza de la realidad-, podemos agregar que durante el mes de febrero, por ejemplo, se elevaron a juicio 88 causas. Este promedio se mantiene mes a mes.


»También, teniendo a la vista la realidad, desde la Fiscalía General se dispuso que, a partir del primero de abril del corriente año, un fiscal se haga cargo de todos los juicios orales. De este modo, se pretende que el resto de los fiscales se aboque pura y exclusivamente a la investigación de los delitos.
»A pesar de lo dicho, no podemos decir que estemos absolutamente conformes con estos resultados.


Por el contrario, somos muy críticos de nuestro trabajo y estamos constantemente evaluando nuevas alternativas que posibiliten una mejor respuesta para la sociedad, en una realidad que se presenta por demás de compleja y cambiante. Por eso se realizan constantes reuniones con entidades y personas de nuestra sociedad que se encuentran ocupadas en estas cuestiones.


»Debemos destacar una vez más que el Ministerio Público se encuentra con las puertas abiertas para todos aquellos que quieran realizar algún tipo de reclamo u observación relacionada con éste o algún otro tema que puede ser de interés, y que necesite de nuestra intervención.


»También señalamos la necesidad de la realización de las denuncias de los ilícitos de los cuales se tuvieran conocimiento. Esta es la única forma de posibilitar la pronta intervención del Ministerio Público Fiscal. Las mismas, además de las comisarías, también pueden practicarse en nuestro edificio, ubicado en calle Merced Nº 865. Recordamos la posibilidad de realizar las denuncias reservando la identidad del denunciante si es que las circunstancias del caso así lo aconsejan.


»Sin embargo, a pesar de lo expresado, reiteramos una vez más la importancia de diferenciar los roles que deben cumplir cada uno de los organismos del Estado dentro de lo que se conoce como política criminal -ésta como concepto global-. En tal sentido, los fiscales no son responsables de la prevención. Sí lo son, de la investigación de los ilícitos ya ocurridos. Sólo teniendo claro cuál es la responsabilidad de cada uno, las exigencias podrán direccionarse en forma correcta y, así, alcanzar los objetivos perseguidos».


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