Alberto Maggi sin salida

Los fiscales pidieron la detención de Alberto Maggi y su esposa. El juez de Garantías ordenaría el arresto en los próximos días.

Alberto Maggi pasa los momentos más difíciles de su vida. El ex diputado y ex presidente del Instituto de la Vivienda es ampliamente conocido en nuestra ciudad. Sus estudios los cursó en la Escuela Técnica Fortín de las Mercedes de calle 42 y 25 y está íntimamente relacionado con dirigentes del partido Justicialista de Colón.

La Justicia penal platense analiza el pedido de detención del ex subsecretario del Instituto de la Vivienda y actual concejal de Arrecifes, Juan Alberto Maggi y de su esposa, Mónica Elizabeth Cordone. Ambos quedaron seriamente involucrados a partir de los testimonios que a lo largo de los últimos días fueron brindando otros imputados en la causa por la que se investiga un presunto fraude cometido en Arrecifes con fondos de ese organismo provincial.

Los titulares de la UFIC Nº 8 de Delitos Complejos, fiscales Carlos Argüero y Esteban Lombardo, solicitaron la detención de los nombrados al Juzgado de Garantías Nº 1 de La Plata, a cargo de Guillermo Atencio, quien ahora evalúa ese pedido y tiene plazo hasta hoy viernes para expedirse (excepto que pida una prórroga).

Al matrimonio Maggi se le imputa la presunta comisión de los delitos de «asociación ilícita, fraude en perjuicio de la administración pública, falsedad ideológica de documento público, violación de los deberes de funcionario público y malversación de caudales públicos». A los dos se los consideraría autores y responsables -en carácter de jefe y organizadores- apoyándose, entre otros elementos probatorios, en las declaraciones de otros imputados que habrían sido fundamentales para que los fiscales elevaran el requerimiento.

Más causas

Tal como lo había adelantado, Jorge Godas, Aldo Sardi y el arrecifeño Enrique Actis comprometieron muy seriamente a Maggi en la causa que se inició tras constatarse el desvío de unos 815 mil pesos, provenientes del Instituto y destinados a obras complementarias de un complejo habitacional que la Cooperativa de Viviendas El Sol realizaba en Arrecifes.

Las pruebas que se reunieron durante la investigación judicial acreditarían que, entre 1994 y 1995 -cuando Maggi se desempeñaba como subsecretario del Instituto de la Vivienda- al menos seis funcionarios del Estado y tres integrantes de esa cooperativa (de la que su esposa era vicepresidenta) efectuaron un requerimiento de asistencia financiera, mediante un presunto acuerdo tácito o expreso para perpetrar ilícitos.

Según se desprende de la investigación, dicha ayuda fue abonada por el Instituto de la Vivienda con dos cheques, «a sabiendas que la obra en cuestión ya había sido concretada y solventada por el denunciante, ingeniero Ernesto Giambelluca», ocasionándose de este modo un importante perjuicio económico.

Maggi fue además el responsable máximo de la Cooperativa El Sol hasta que asumió como funcionario provincial y dejó como vicepresidenta a su mujer.

Tras constatarse el desvío de aquella suma fueron encarcelados dos miembros de la cooperativa: Félix Chazarreta (presidente) y Actis (tesorero), más cuatro funcionarios del mencionado organismo: Godas (ex auditor), Juan Mangieri (ex director general de Administración), Miguel Mendicino (ex director general de Obras) y Sardi (ex director de Estudios y Obras).

La detención

El pedido de detención de Maggi y su esposa fue presentado por los fiscales ante el juez Atencio el lunes. El magistrado tiene diez días hábiles para darle lugar y ordenar la captura del matrimonio, o desestimarlo. No obstante, fuentes del Juzgado de Garantías aseguraron que la situación de los Maggi es sumamente comprometida y que su orden de detención es un hecho.

Quedaron muy comprometidos luego de las últimas declaraciones del resto de los detenidos por esta causa, incluida la de Quique Actis. Por otra parte, adelantaron que hoy declaraba Félix Chazarreta y que coincidiría en las imputaciones a su líder político.

Cabe destacar que hace aproximadamente dos meses, Alberto Maggi y Mónica Cordone habían presentado ante la Cámara de Apelaciones de La Plata un pedido de ‘eximición de prisión’. Aún no estaban ni siquiera imputados en la causa, pero lo hicieron ‘por si las moscas’.

Las moscas llegaron y la Cámara aún no resolvió sobre ese pedido, pero uno de los delitos que se les imputa, ‘asociación ilícita’, no es excarcelable. De acuerdo a todo esto, el matrimonio Maggi parece no tener salida.

La acusación

La fiscalía de Delitos Complejos de La Plata sospecha que dos ex funcionarios del Instituto Provincial de la Vivienda y dos directivos de una cooperativa, son integrantes de una asociación ilícita presuntamente dedicada a cometer fraude y malversación de caudales públicos, por 815.000 pesos en Arrecifes.

Para los fiscales que investigan el caso -Carlos Argüero y Esteban Lombardo- en la causa se reunieron evidencias suficientes contra Juan Mangieri, Miguel Mendicino, Aldo Sardi y los auditores del organismo provincial Eduardo Cejas y Jorge Godas.

También están sospechados los integrantes de la Cooperativa de Vivienda «El Sol», de Arrecifes, Félix Chazarreta y Enrique Actis. Según surge del dictamen de la Unidad Funcional de Investigaciones Complejas (UFIC), en la causa surgieron pruebas para acreditar que entre 1994 y 1995, «cuando Alberto Maggi se desempeñaba como subsecretario del Instituto de la Vivienda, cuanto menos seis funcionarios de ese organismo, y tres de la Cooperativa «El Sol», de Arrecifes, mediante acuerdo tácito o expreso en una organización habitual y permanente para perpetrar ilícitos indeterminados, efectuaron un requerimiento de asistencia financiera».

Esa ayuda pedida para la Cooperativa era para «la obra de tendido de red de alta tensión con puesto de transformación y depresión de napas, que fue abonado por el Instituto de la Vivienda, con dos cheques, a sabiendas de que la mencionada red eléctrica ya había sido concretada y solventada por el denunciante, Ernesto Giambelluca, ocasionando de tal modo un importante perjuicio económico», indicaron los fiscales.

La UFIC sospecha que mediante esa maniobra los imputados habrían obtenido por parte del Estado bonaerense 815.000 pesos, para una obra que ya se había concretado.