Será para las Comunas bonaerenses

Los cien intendentes del interior provincial dispondrán el año que viene de los fondos que los dueños de los campos de la provincia pagan en concepto de impuesto Inmobiliario Rural.

Así lo decidieron el gobernador Felipe Solá y el ministro de Economía Gerardo Otero la semana pasada en una reunión que sirvió para comenzar a definir algunas cuestiones claves del presupuesto provincial para el año que viene.

La novedad -que los propios municipios van a recaudar y administrar el inmobiliario rural- es muy buena para los intendentes del interior que siempre reclamaron manejar la recaudación que genera el campo. Como contra-prestación los intendentes deberán encargarse íntegramente del mantenimiento de los caminos rurales que atraviesan sus distritos, sin distinción alguna de jurisdicción: todas las rutas y caminos de tierra serán competencia municipal.

Debido a la diferencia de tamaño entre los distritos del interior provincial, parte de los recaudado por cada intendencia irá a parar a un fondo compensador que equiparará las cargas entre los distritos más chicos y los más extensos.

La descentralización del impuesto provincial más importante del campo esconde un dato fundamental: los intendentes, que ahora deberán cobrar el impuesto inmobiliario, también participan cuando los productores rurales piden que se los exima de pagar impuestos mediante una declaración de emergencia agropecuaria. Las declaraciones de emergencia surgen en primera instancia de las comisiones de Emergencia municipal y los intendentes en muchos casos son elementos de presión para que se les otorgue las exenciones a los productores.

Ahora los jefes comunales quedarán en una encerrona: si solicitan declaraciones de emergencia, inmediatamente se les cortará la recaudación y se quedarán sin financiamiento para arreglar los caminos.

Así, Solá entrega la recaudación del tributo rural, pero se saca de encima los reclamos de los intendentes que siempre pedían presupuesto para el mantenimiento de la red vial rural, y también le deja la responsabilidad a los distritos para definir los alcances de cada declaración de emergencia.

La descentralización ya tiene antecedentes en el gobierno de Solá, este año se firmaron convenios para que los distritos cobren y se queden con el 50 por ciento de lo recaudado de la moratoria provincial que cerró el viernes pasado.

Todas estas definiciones quedarán plasmadas en el paquete de leyes que el Ejecutivo enviará junto al proyecto de presupuesto provincial para el 2003, a la Legislatura provincial, alrededor del 15 de noviembre próximo.

Allí podrían figurar otras cuestiones de importancia para el campo como retomar el cobro del impuesto a los Ingresos Brutos a la producción primara, sector que desde hace años está eximido.

Cada una de las decisiones de Solá y Otero están cruzadas por el lastre que significa hoy para el campo el impuesto a las retenciones que cobra el gobierno nacional y del que la Provincia no ve un peso.

Para el año que viene la Provincia está trabajando en readecuar pequeños importes que cobra, como por ejemplo los impuestos a los sellos o el precio para gestionar un marca o una señal por parte de un productor ganadero.