Solá vetó ley que derogaba el artículo 248

Se trata del artículo de la Carta Orgánica que destituyo a Carlos Mazzieri. Una ley de diputados y senadores lo había derogado. Solá la vetó. Una vez más la voluntad de las mayorías en las cámaras legislativas de la Provincia van en sentido contrario a la manifestada por el gobernador Felipe Solá. Se confirmó que el Poder Ejecutivo vetó una ley sancionada por unanimidad por los bloques del PJ y la UCR en la Legislatura.

Se trata de la iniciativa que le iba a permitir a los intendentes mantenerse en el cargo a pesar de ser investigados por la Justicia cuando son sospechados de haber cometidos ilícitos.

El proyecto, que recibió la aprobación en comisiones y en las dos cámaras legislativas, establecía que los jefes comunales no podían ser destituidos de sus funciones por causas judiciales, y sólo iba a habilitarse esa medida cuando mediara sentencia firme.

En los hechos, implicaba un «paraguas legal» que le hubiera permitido a intendentes investigados estirar muchos meses su permanencia en el cargo. Se trata del polémico artículo 248 de la Carta Orgánica Municipal que en Colón destituyo a Carlos Mazzieri.

El gobernador Felipe Solá antepuso un criterio ético: rechazó la posibilidad de establecer una protección a los ediles o intendentes que son procesados. El mandatario puso en la balanza las consecuencias que tendría en la opinión pública la promulgación de la ley. Se consideró que el régimen legal hubiera sido una «pátina de impunidad, en momentos en que la sociedad pide transparencia».

De esta manera, no será modificado el sistema: cuando la Justicia resuelva que un intendente o un concejal debe someterse a un proceso judicial, de inmediato, el Concejo Deliberante podrá suspenderlo en el cargo mediante una ordenanza, y designar a su reemplazante interino tal como sucedió en noviembre del 2001 en nuestra ciudad.
La ley, que finalmente no entrará en vigencia, nació a raíz de una pugna política desatada en algunos distritos entre el intendente de un signo político y la mayoría en el Concejo Deliberante, controlada por la oposición. Los ejemplos recientes son los de Ramallo, en donde fue suspendido el intendente radical Roberto Filpo por la mayoría justicialista; y lo ocurrido con José Andreoli, el intendente de Carlos Casares, que después de haber sido suspendido en sus funciones, tomó la decisión de suicidarse.

Otro jefe comunal destituido en los últimos doce meses, con características similares, es el de General Pueyrredón. La posibilidad de brindar una protección a esos jefes comunales surgió como parte de un acuerdo político entre el radicalismo y el PJ para garantizarle gobernabilidad a muchos distritos.

Pero la caída de Fernando De la Rúa y la sucesión de funcionarios en la Presidencia, debilitaron aquél acuerdo y en la actualidad, una norma semejante, es considerada como una mala señal frente a la sociedad, en especial en un año electoral