También fue investigado el ex funcionario del Instituto de la Vivienda el arrecifeño Alberto Maggi. La noticia que trasciende fue un adelanto de Colón Doce a principio de abril. Los dos casos fueron descriptos sin dar nombres y ocuparon varias veces la sección chismes varios. En las denuncias se encontraría involucrado el ex intendente de Pergamino Jorge Young y el arrecifeño Alberto Maggi.
En estos momentos organismos de seguridad nacional estarían investigando un tercer caso que podría rozar de cerca a nuestra ciudad y tendría que ver con la creación de fundaciones truchas y otorgamiento de subsidios por parte de políticos.
Los involucrados en la causa judicial son los ex senadores Monasterio; Eduardo Florio (ex titular del bloque radical de senadores y luego director del Banco Provincia); Adriana Mazzuco; Jorge Young (ex intendente de Pergamino); Ezequiel Rizzi (actual intendente de Cañuelas) y Diego Rodrigo (dirigente de Chacabuco). Idéntica medida solicitó también para los actuales senadores Juan Plana (oriundo de San Pedro y enrolado ahora en las filas del ARI), Enrique Marín Vega (de Mar del Plata), Juan Carlos Stávale (de La Plata) y Gustavo Marelli (de Ensenada).
Resolución
En su resolución, el magistrado platense consideró que «resulta prematuro, a esta altura de la investigación, el requerimiento de detención efectuado» por los fiscales Carlos Argüero y Esteban Lombardo.
De Aspro destacó en su fallo que la investigación se inició por la denuncia de una persona, en la cual afirmó que de un subsidio que le otorgó el Senado bonaerense de 1.500 pesos, sólo recibió 100 pesos, y que cuando se efectivizó ese pago estaban presentes otros dos beneficiarios que se encontraban en la misma situación.
También precisó que los testimonios de estas personas, al declarar en la causa, fueron «discordantes» y que por ello se enviaron copias de sus dichos a la fiscalía de turno por la posible comisión del delito de falso testimonio. «Siendo estos dichos de fundamental relevancia para ser valorados como elementos de convicción, el requerimiento efectuado (de detención) deviene apresurado», sostuvo el juez en su resolución.
En relación a las asociaciones civiles «Leandro N. Alem» y «Azul Marino», que según la fiscalía habían recibido subsidios y eran «ficticias», el juez consideró que «las presentaciones efectuadas con posterioridad por quienes dicen ser sus representantes, merecen ser atendidas, ya que si bien no han sido corroborados los domicilios denunciados, ello podría constituir un incumplimiento ante la dirección provincial de Personas Jurídicas».
Por lo expuesto el juez resolvió no hacer lugar a los pedidos de detención realizados por la UFIC para los legisladores y 10 empleados de la Legislatura bonaerense.
Tras la resolución del magistrado, el bloque de senadores de la UCR emitió un comunicado de prensa mediante el cuál indican «el manejo mediático de la causa por parte de cierto sector de la justicia no sólo ha producido una injusta condena social, sino que también ha provocado trabas en el propio proceso investigativo».
Indican además que «como antes, cuando ofrecimos nuestros fueros para ser investigados, ahora continuamos creyendo ciegamente en la justicia, único camino para alcanzar la verdad».
Antecedentes
La causa, se inició el año pasado a partir de la denuncia de un particular por presuntas irregularidades en el otorgamiento de un subsidio que habría sido entregado por Héctor Monasterio -un dirigente radical de Lincoln- cuando cumplía mandato como senador provincial. A partir de allí la fiscalía amplió la investigación a todos los subsidios otorgados a determinadas entidades o asociaciones civiles de cuya existencia se dudaba, precisaron fuentes judiciales.
Los fiscales consideraron en su dictamen que había elementos para presumir que se otorgaron subsidios en forma irregular a entidades que no existirían, por un monto del orden del medio millón de pesos.
En ese marco la fiscalía le pidió al juez De Aspro que ordene la detención de los ex senadores Monasterio; Eduardo Florio (ex titular del bloque radical de senadores y luego director del Banco Provincia); Adriana Mazzuco; Jorge Young (ex intendente de Pergamino); Ezequiel Rizzi (actual intendente de Cañuelas) y Diego Rodrigo (dirigente de Chacabuco). Idéntica medida solicitó también para los actuales senadores Juan Plana (oriundo de San Pedro y enrolado ahora en las filas del ARI), Enrique Marín Vega (de Mar del Plata), Juan Carlos Stávale (de La Plata) y Gustavo Marelli (de Ensenada).
Una fuente directa de la Fiscalía de Delitos Complejos de La Plata, afirmó que hay mucha gente presa por pruebas mucho menos contundentes que las que ellos le llevaron al juez de garantías Néstor De Aspro en la causa que investiga las subsidios truchos que habría otorgado un grupo de senadores, ex senadores y empleados legislativos del la UCR.
Enojo
La fuente aseguró que los fiscales Carlos Argüero y Esteban Lombardo volverán a pedir la detención de los senadores acusados en la causa. Así, los fiscales presentarán la apelación a la resolución del juez de Garantías Néstor de Aspro que rechazó los pedidos de detención a diez senadores bonaerenses por la Unión Cívica Radical (UCR) -en actividad y con mandato cumplido-. La fuente de primer nivel de la Fiscalía le aseguró que los fiscales están muy molestos con la resolución del juez De Aspro y califican su decisión como «apresurada; nos contestaron una investigación de 180 hojas y cuatro tomos de anexos en dos carillas». Afirman que el juez «no leyó nuestra presentación» y aseguró que en algunos casos «hay pruebas concretas para realizar las detenciones». Los fiscales aseguran que se presentaron pruebas como los cheques originales que se le derivaron a las fundaciones y los que los cobraron son los mismos empleados de esos senadores.
Detallaron que, por ejemplo, en el caso puntual del ex senador de Lincoln, Héctor Monasterio, el delito está probado en 18 ocasiones. «Está la prueba en todos los casos, y en algunos hay reiteración del hechos», explicaron.
Las fuentes explican que los fiscales dicen que De Aspro «apenas hizo una evaluación genérica de nuestra investigación en apenas 10 días y nosotros le presentamos un trabajo de un año».
La investigación podría terminar probando el mecanismo por el cual la Legislatura terminaba desviando fondos hacia los bolsillos de los propios legisladores a través de instituciones de bien público ficticias.
El mecanismo utilizado habría sido el siguiente: los legisladores creaban una Institución de bien público, ponían de titular de la misma a un empleado de su despacho y luego aprobaban subsidios para esa institución.
La causa llegó a la Fiscalía de Delitos Complejos luego que una persona denunció que le habían fotocopiado el documento con un engaño; así conseguían subsidios para la entidad que supuestamente presidía esa persona, pero sin su consentimiento.
Incluso Argüero aseguró que con las mismas pruebas está detenida en España la ex diputada provincial por el Partido Justicialista de San Martín, Patricia Fernández. A poco más de dos años de haber dejado la banca, fue detenida por Interpol en España luego de estar prófuga de la Justicia argentina acusada de diseñar una red delictiva que le habría permitido perpetrar estafas en el otorgamiento de subsidios de la Legislatura destinados a personas carenciadas.
Patricia Mónica Fernández, de 37 años, fue capturada en Palma de Mallorca y la Justicia Penal de La Plata formalizó el pedido de extradición para su juzgamiento en el país por haber impulsado prácticas con las que habría obtenido, al menos, 350 mil pesos en concepto de subsidios truchos. La mujer está acusada junto a ocho empleados legislativos, entre ellos su madre y su hermano, con quienes habría creado fundaciones fantasmas hacia donde se derivó el dinero.
Arrecifes
El juez de Garantías de La Plata Guillermo Atencio ordenó la detención de cinco ex funcionarios del Instituto Provincial de la Vivienda y de dos directivos de una cooperativa, todos sospechados de integrar una asociación ilícita supuestamente dedicada a cometer fraude y malversación de caudales públicos, por unos 800.000 pesos, a través de la ejecución de obras en Arrecifes.
El magistrado hizo lugar a los pedidos de detención realizados por los fiscales que investigan el caso -Carlos Argüero y Esteban Lombardo- contra los ex funcionarios del Instituto de la Vivienda Juan Mangieri, Miguel Mendicino, Aldo Sardi y de los auditores del organismo provincial Eduardo Cejas y Jorge Godas. La misma medida fue dispuesta para los integrantes de la Cooperativa de Vivienda «El Sol», de Arrecifes, Félix Chazarreta y Enrique Actis.
La resolución
En su resolución, el juez afirmó que, según surge del dictamen de la Unidad Funcional de Investigaciones Complejas (UFIC), en la causa surgieron pruebas para acreditar que entre 1994 y 1995, «cuando Alberto Maggi se desempeñaba como subsecretario del Instituto de la Vivienda, cuanto menos seis funcionarios de ese organismo, y tres de la Cooperativa «El Sol», de Arrecifes y de la que la esposa del nombrado -Mónica Cordone- era vicepresidenta, mediante acuerdo tácito o expreso en una organización habitual y permanente para perpetrar ilícitos indeterminados, efectuaron un requerimiento de asistencia financiera».
El magistrado sostuvo que esa ayuda pedida para la Cooperativa era para «la obra de tendido de red de alta tensión con puesto de transformación y depresión de napas, que fue abonado por el Instituto de la Vivienda, con dos cheques, a sabiendas de que la mencionada red eléctrica ya había sido solventada por el denunciante, Ernesto Giambelluca, ocasionando de tal modo un importante perjuicio económico».
Para los fiscales, mediante esa maniobra los imputados habrían obtenido por parte del Estado bonaerense 800.000 pesos, para una obra que ya se había concretado, indicaron fuentes judiciales.
Más dinero
También precisaron que el denunciante es el constructor de la obra, quien sólo cobró por la ejecución de la primera parte de la obra 450.000 pesos, aunque luego la Cooperativa, a través de la Instituto de la Vivienda obtuvo subsidios por 315.000 y 490.000 pesos -pagados con dos cheques- para una ampliación de esas obras, que en realidad ya se había concretado y sobre la cual el contratista no recibió ningún pago.
La UFIC dictaminó que los hechos investigados configurarían los delitos de «asociación ilícita, fraude en perjuicio de la administración pública, falsedad ideológica de documento público, violación de los deberes de funcionario público y malversación de caudales públicos», calificación que fue mantenida por el juez Atencio.
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