Durante el tratamiento del proyecto de ley tendiente a penalizar el desvío de precursores químicos a la producción ilegal de estupefacientes, distintos bloques parlamentarios resaltaron la "necesidad de discutir el uso medicinal del cannabis" y solicitaron su incorporación en el próximo plenario de comisiones. En efecto, los legisladores pidieron "avanzar en la regulación del cannabis con fines terapéuticos" al considerar que "existen ciertos avances" relativos a los usos medicinales y paliativos del dolor. En junio pasado, la Comisión de Salud de la Cámara Baja recibió a diferentes organizaciones sociales, familiares de pacientes, médicos e investigadores, a los fines de debatir el uso medicinal del cannabis en el tratamiento de patologías como la epilepsia refractaria y la esclerosis múltiple. A esto se suma la decisión del gobernador Mario Das Neves de promulgar una ley para que hospitales garanticen la marihuana medicinal. En medio de este panorama, existen varios proyectos de ley en el Congreso sobre la temática. En el Senado, la legisladora Silvina Marcela García Larraburu (FpV) impulsó una propuesta para la "autorización del uso de marihuana con fines terapéuticos y científicos en todo el territorio nacional". En este sentido, el proyecto de ley propone que "el Congreso sanciones una autorización general del uso de marihuana con fines terapéuticos y científicos para toda la nación, quitándole el carácter delictivo a las conductas asociadas a estos usos, pero dejando los criterios regulatorios concretos a la autoridad de aplicación quien establecería las condiciones para el uso permitido". "Con esta autorización legal, la autoridad de aplicación nacional definirá los lineamientos científicos y técnicos para el uso médico y con la finalidad de investigación científica (…) se garantiza y facilita el acceso de los pacientes a los productos cannábicos para la atención de sus dolencias, se promueve la producción nacional y se sientan las bases para la investigación que permita evaluar la eficacia sanitaria de estos productos", fundamentó. En Diputados, en tanto, existe otra iniciativa destinada a "autorizar expresamente el uso de compuestos cannabinoides y químicos de tetrahidrocannabinol (THC) con fines medicinales y para la investigación de su posible eficacia como medicación terapéutica o de control de síntomas". "Los antecedentes empíricos revelan que la utilización de compuestos cannabinoides y químicos de tetrahidrocannabinol (THC) han tenido resultados positivos para el tratamiento de ciertas afecciones. En particular, se ha considerado que "algunas de las virtudes terapéuticas que se atribuyen al cannabis son, por ejemplo, el alivio de la ansiedad y reducción de las náuseas provocadas por la quimioterapia (...), indicó el proyecto. Por su parte, el diputado Héctor Gutiérrez (UCR) solicitó al Poder Ejecutivo, que a través de los organismos que correspondan del Ministerio de Salud, "realice los estudios pertinentes a fin de determinar la viabilidad de la utilización de medicamentos ricos en cannabidiol, derivado de la marihuana, para el tratamiento de epilepsia refractaria". El legislador consideró que "un número cada vez mayor de madres, padres y familiares de pacientes con epilepsia refractaria recurren a derivados del cannabis para tratar las convulsiones afirmando obtener resultados positivos", pero para hacerlo "deben recurrir a canales informales y fuera de cualquier marco legal para acceder a una sustancia (extractos, aceites provenientes de otros países donde se encuentran habilitados) que atenúan las crisis convulsivas". A 30 años del reconocido fallo "Bazterrica", unos 250 magistrados reclamaron políticas públicas vinculadas al "acceso a los usos medicinales, terapéuticos y paliativos del dolor de las sustancias actualmente prohibidas". "La prohibición o dificultad en el acceso a sustancias que benefician la salud integral de las personas que las consumen, bajo el pleno ejercicio del derecho a la salud y autodeterminación, parece ser otro ejercicio retórico infundado dentro de una cultura prohibicionista que nos ha alejado de la empatía con los que sufren innecesariamente", señaló el documento. Al respecto, el documento concluyó que "el mantenimiento en el oscurantismo de determinadas sustancias que se han pretendido prohibir, obstaculiza tanto la investigación sobre su potencialidad para usos médicos y terapéuticos, como la contemplación de alternativas en el tratamiento de diversas patologías, redundando en una afectación generalizada de la salud de la población".
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