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01/10/2016
AMPARO PRESENTADO POR APYME

La justicia frena el tarifazo del gas para las pymes en todo el país


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El Juez Federal Nº 3 de la Ciudad de Córdoba, Miguel Hugo Vaca Narvaja, resolvió este martes, hacer lugar a la medida que pone freno al tarifazo, peticionado el pasado 4 de septiembre en dicho juzgado, por la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME).


El fallo, de alcance nacional, dispone "para el colectivo integrado por los pequeños y medianos industriales, comerciantes, prestatarios de servicios, productores agrarios, sectores medios, cuentapropistas, profesionales y otros afines, la suspensión de las medidas contenidas en las Resoluciones de ENARGAS y del Ministerio de Energía y Minería de la Nación, que dispusieron aumentos tarifarios exorbitantes.
Asimismo, el magistrado dispuso la continuidad del cuadro tarifario del servicio de gas conforme al vigente con anterioridad al 31 de marzo del corriente año, es decir, sin variación alguna que no surja del propio consumo del usuario, y ello hasta el 27 de diciembre de 2016 (art. 5°, Ley 26.854).
En segundo lugar el juez resuelve "ordenar al ENARGAS instruya a las Empresas Licenciatarias del servicio de gas para que procedan, en el término de diez días y con los valores vigentes al 31/3/2016, a la refacturación de los consumos efectuados desde el 1° de abril de 2016 hasta la fecha de la presente (27 de septiembre de 2016), debiendo las prestadoras del servicio de distribución adoptar las medidas necesarias para posibilitar el pago de las facturas adeudadas en cuatro (4) cuotas mensuales, iguales y consecutivas, sin intereses ni recargos relacionados con la falta de pago.
El amparo colectivo fue presentado en nombre de la entidad el pasado 4 de septiembre, por su presidente Eduardo Fernández, junto al gerente de la organización Roberto Ratti, y confeccionado y llevado adelante por el abogado Miguel Julio Rodríguez Villafañe
6- Económicas
Proponen modificar la ley de Nocturnidad


El proyecto de Ley, presentado por el presidente del Bloque Peronista, Patricio García, acompañado por sus pares de bancada, busca incorporar modificaciones en el Artículo 9° de la Ley N°14050, conocida como Ley de Nocturnidad, que prohíbe la concurrencia en los lo-cales e instalaciones bailables a menores de 14 a 17 años en forma simultánea con mayores de 18 años.
La norma, incluye la excepción de tal prohibición a los municipios de hasta treinta mil habitantes, que asuman la potestad legislativa de regular, a través de sus concejos deliberantes sobre otros límites etarios, conforme a su realidad sociodemográfica y cultural. En Colón es una problemática esencial. Se habla de lugares nocturnos que se paga una entrada y con bebida libre. En muchos casos la presencia de menores es algo que se fue de las manos y de los con-troles. En este sentido, es algo cultural. Sin la participación de padres, escuelas, el tema de los menores, en el consumo de alcohol, a esta altura se desmadró. Solo bastaría quedarse en una guardia hospitalaria los fines de semana para darse cuenta que se debe trabajar y mucho, dejando de lado "conveniencias" económicas y haciendo cumplir las actuales normativas, desde los proveedores de alcohol.
Asimismo, se establece como límite de tal atribución legislativa la prohibición de ingreso a los menores de 14 años a los locales e instalaciones bailables.
El presidente del Bloque Peronista, Patricio García, explicó que el proyecto de Ley "devuelve a los Municipios la facultad de regular la concurrencia simultánea a los lugares de esparcimiento nocturno con actividades bailables de menores y mayores".
"De este modo -continuó García- creemos mejorar las previsiones una ley que avanzó de modo uniforme sobre realidades que no lo son". El Legislador ameghinense expresó que "entendemos que los Municipios, en especial, los llamados "chicos" tienen una realidad distinta a la que se vive en el conurbano. Los lugares y las personas son conocidos por todos, lo que fortalece el control social que debe sumarse al control que le corresponde al Estado, en este caso, municipal".
Asimismo, García agregó que la norma está planteada "en sintonía con otras que habilitan a los jóvenes a votar, a contraer matrimonio (con autorización), a conducir vehículos, a trabajar… y que se entronca con el concepto de "capacidad progresiva" que instala el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación".
"Después de los siete años de vigencia de esta normativa, y producto de su imposibilidad de aplicación práctica en los distritos pequeños de escasa población, se ha producido un incumplimiento general de la norma por el divorcio existente entre lo regulado y el medio social para el que fue establecido", finalizó el Senador



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